Ecuador anunció este lunes que exigirá la presentación obligatoria e inmediata del historial judicial a los venezolanos que quieran ingresar al país, después de que un ciudadano de esa nación sudamericana asesinó a cuchilladas a una joven ecuatoriana embarazada el fin de semana.
Los hechos provocaron la tarde del domingo y la madrugada del lunes que cientos de ciudadanos de Ibarra, al norte de la capital, emprendieran una verdadera cacería de venezolanos a los cuales desalojaron con violencia de refugios, hostales e incluso lugares de residencia alquilados, lo que desbordó a la policía. La situación apenas pudo ser controlada casi al amanecer del lunes con la presencia de patrullas de militares que impusieron orden en la población.
El presidente de la Asociación Civil Venezolanos en este país, Daniel Regalado, estimó en rueda de prensa que para obtener el documento exigido por Ecuador sus compatriotas requerirían al menos seis meses, entre otras razones, por “la ausencia de funcionarios públicos que agilicen este trámite” en suelo venezolano.
Al condenar los incidentes ocurridos en Ecuador, el canciller venezolano Jorge Arreaza dijo desde Caracas que el gobierno del presidente Lenín Moreno debe asumir la responsabilidad por la violencia ocurrida y los ataques a sus compatriotas e instó a las autoridades ecuatorianas a una reunión bilateral para tratar la situación. Arreaza acusó a Moreno y otros funcionarios ecuatorianos de incentivar la situación y de darle “más combustible al fuego de la xenofobia violando la legislación internacional”.
En un comunicado enviado a través de la cancillería ecuatoriana, cinco asociaciones de venezolanos rechazaron de manera categórica el asesinato de la ecuatoriana y “cualquier tipo de xenofobia o discriminación que pueda nacer a partir de los sucesos ocurridos en Ibarra. Reiteramos nuestro repudio a cualquier tipo de delito que se pueda cometer dentro del Ecuador, venga de donde venga, y hacemos un nuevo llamado a las autoridades para que trabajemos en conjunto en programas de atención al migrante sin distingo de nacionalidad”.
La noche del sábado, el venezolano, tras mantener como rehén en la calle durante una hora y media a su pareja sentimental, una ecuatoriana de 22 años, la asesinó frente a una decena de policías y cientos de curiosos. Ello desencadenó la destitución de Marisol Peñafiel, gobernadora de Imbabura, cuya capital es Ibarra y de la cúpula policial de esa ciudad.
Decenas de extranjeros con maletas al hombro emprendieron durante la noche un peregrinaje por las vías de salida de Ibarra en medio de gritos y amenazas de los residentes.
El hecho también ocasionó que el vicepresidente Otto Sonnenholzner, en cadena de radio y televisión, anuncie el nuevo requisito migratorio para los venezolanos aduciendo que se adoptó tal decisión por motivos de seguridad ciudadana, por la separación de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones y tras el asesinato registrado la noche del sábado.
“Hemos agotado todos los esfuerzos, pero Venezuela se niega a entregar bases de datos que nos permitan verificar información de quienes llegan al país”, aseguró. “Sin generalizaciones, pero con mano firme, hoy debemos diferenciar entre venezolanos que huyen del gobierno de Nicolás Maduro y otros que aprovechan esta situación para delinquir”.
Las autoridades ecuatorianas también anunciaron que el Ministerio de Trabajo hará controles para verificar las condiciones en que laboran los extranjeros en toda clase de negocios de esa ciudad.
Miles de venezolanos han llegado en los últimos años a Ecuador huyendo de la crítica situación económica y social que viven en su país, la mayor parte de los cuales se han integrado sin inconvenientes a la sociedad ecuatoriana. Otros miles han seguido viaje a Perú, Chile e incluso a destinos más lejanos como Argentina y Brasil.
La Organización de las Naciones Unidas ha estimado que más 2.3 millones de venezolanos han salido de su país desde 2015 en medio de escasez de alimentos, medicinas y sin posibilidad de trabajo.
