CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Miles de guatemaltecos bloqueaban el lunes varias carreteras del país en rechazo a la decisión del presidente Jimmy Morales de finalizar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y las acusaciones de hechos de corrupción en su administración.
Los bloqueos comenzaron por la mañana en los departamentos de Alta Verapaz, Quiché, Quetzaltenango, Totonicapán, Chiquimula y Petén, indicó Daniel Pascual, líder indígena y campesino. Mientras tanto, una manifestación avanzaba por la capital guatemalteca.
Los bloqueos coincidieron con la entrega del tercer informe de gobierno de Morales, que blindó el centro histórico de la capital con 7.000 policías y militares para evitar que los manifestantes pudieran acercarse al Congreso.
En la entrega del informe Morales obvió el tema de la CICIG y aseguró que su gobierno ha luchado contra la corrupción.
La Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, emitió un comunicado de prensa en el que exhortó al gobierno guatemalteco a garantizar la libertad de expresión y opinión y el derecho a la reunión pacífica y de asociación.
“La libertad de expresión, sin temor a represalias e intimidación, es la columna vertebral de la democracia”, dijo Bachelet y agregó que “una cultura de derechos humanos y de paz se fortalece cuando diversos grupos sociales pueden expresarse en el espacio público y ejercer sus derechos libremente”.
En su discurso de inauguración de la junta directiva del Congreso, el presidente de ese órgano Álvaro Arzú Escobar dijo que “los años de injerencia extranjera se empiezan a acabar. La CICIG es historia, quedará como otro intento fallido de Naciones Unidas” y agregó que hay que replantear los términos de relación con la ONU.
El padre de Arzú Escobar, Álvaro Arzú, también fue investigado por la fiscalía y la Comisión por actos de corrupción pero murió de problemas cardiacos antes de ser llevado a los tribunales de justicia.
Esta es la segunda muestra de rechazo de la población a la decisión de Morales anunciada el 7 de enero de poner fin de manera unilateral e inmediata a la Comisión pese a que él mismo había firmado en 2016 que permanecería en el país hasta septiembre de 2019.
Morales sostiene que la Comisión, dirigida por el abogado colombiano Iván Velásquez, realiza investigaciones ideologizadas y selectivas por lo que mantiene un constante ataque contra el trabajo de ese organismo de la ONU que investiga a los cuerpos clandestinos y de seguridad incrustados en el Estado guatemalteco y que realizan actos criminales y de corrupción.
El viernes Velásquez hizo pública la respuesta a las críticas de Morales y respondió los ataques en una carta enviada al secretario General de las Naciones Unidas.
“Con mayor intensidad desde la presentación de casos que implican a sectores políticos y económicos de alto poder, las campañas de desprestigio, difamación y amenaza (contra la Comisión) se han incrementado”, expuso.
Morales se distanció de la Comisión en enero de 2017 cuando ésta y la fiscalía detuvieron al hijo y hermano del presidente por el uso de documentos y facturas falsos para la compra de canastas navideñas de una institución pública que se pagaron pero no se entregaron.
En agosto de ese año Morales comenzó a atacar a la Comisión cuando junto a la fiscalía pidieron el retiro de la inmunidad del presidente por financiamiento anónimo del partido que lo llevó al poder en 2015. Pero Morales fue protegido por el Congreso, que evitó que fuera investigado.
En respuesta, Morales declaró persona no grata y expulsó del país a Velásquez, pero la Corte de Constitucionalidad suspendió la expulsión.
En su discurso del lunes Morales dijo que “mientras yo tenga fuerza defenderé a mi familia, mi patria y la soberanía del país”.
La Corte de Constitucionalidad ha sido la única institución que ha frenado las intenciones del gobierno de acabar con la Comisión al bloquear también la decisión de finalizar su mandato.
Durante los 11 años que ha estado en Guatemala la Comisión ha ayudado en la desarticulación, junto al Ministerio Público, de más de 60 organizaciones criminales, logrado las condenas de más de 300 personas y mantiene sujetas a proceso a otros 600 acusados.
