Estados Unidos designó el lunes a la Guardia Revolucionaria de Irán como una “organización terrorista extranjera”, una declaración sin precedentes contra un gobierno de otro país que podría generar represalias y dificultarles a los diplomáticos y militares estadounidenses trabajar con sus aliados en la región.
Es la primera ocasión que Washington llama organización terrorista a una entidad de otro gobierno, colocando a un grupo con amplios recursos económicos que sólo responde a las órdenes del líder supremo de Irán en la misma categoría que Al Qaeda y el grupo terrorista ISIS.
“Esta medida sin precedentes, encabezada por el Departamento de Estado, reconoce la realidad de que Irán no es solamente un estado patrocinador del terrorismo, sino que la Guardia Revolucionaria iraní participa, financia y promueve el terrorismo como herramienta política”, afirmó el presidente Donald Trump al anunciar la medida.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que la designación tiene como fin incrementar la presión sobre Irán, aislándolo más y desviando algunos de los recursos financieros que utiliza para financiar el terrorismo y la actividad extremista en Oriente Medio y más allá.
Sin embargo, además del potencial para que Irán aplique represalias, la medida complica un delicado equilibrio para el personal estadounidense en cuando menos dos países clave.
El gobierno siguió adelante con la designación a pesar de las expresiones de preocupación “grave” de altos funcionarios de defensa y de inteligencia sobre la posibilidad de una represalia, así como la efectividad contra una organización que ya es sujeto de sanciones, según dos funcionarios estadounidenses que hablaron a condición de guardar el anonimato porque carecen de autorización para declarar sobre la decisión.
Pompeo dijo que la medida forma parte de una iniciativa para poner “máxima presión” sobre Irán con el fin de que suspenda su apoyo a conspiraciones terroristas y actividad extremista que desestabiliza Oriente Medio.
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En declaraciones a los periodistas, enumeró rápidamente una lista de ataques que se remontan a la década de 1980 de los cuales Estados Unidos responsabiliza a Irán y a la Guardia Revolucionaria iraní, empezando por el ataque al cuartel de la Infantería de Marina en Beirut en 1983.
No se anunció ninguna excepción a las sanciones, lo que significa que a las tropas y diplomáticos estadounidenses podría prohibírseles hablar con autoridades iraquíes o libanesas que tienen contacto con oficiales o subordinados de la Guardia.
En la actualidad esos contactos ocurren entre funcionarios estadounidenses en Irak que tienen trato con milicias chiíes afiliadas con Irán, y en Líbano, donde el movimiento Jezbolá respaldado por Teherán está en el Parlamento y en el gobierno.
Irán reaccionó afirmando que son las fuerzas estadounidenses estacionadas en Oriente Medio las que deberían ser llamadas “grupos terroristas”.
El ministro iraní de relaciones exteriores Mohammad Javad Zarif envió una carta al presidente Hasán Rouhani pidiéndole incluir al ejército estadounidense en la lista de ese tipo de entidades, según la agencia de noticias IRNA.
Zarif además envió una nota de protesta a la embajada suiza en Teherán, que se encarga de los intereses estadounidenses en Irán.
El Pentágono y las agencias de inteligencia estadounidenses han expresado inquietudes por la medida al no poder entrar en contacto con funcionario alguno que se haya reunido o que se haya comunicado con algún miembro de la Guardia.
Esas inquietudes han sido en parte la razón por la que presidencias anteriores se han abstenido de tomar ese paso, el cual ha sido sopesado durante más de una década.
El Departamento de Justicia advirtió el lunes que enjuiciaría a los que violen la medida, pero las autoridades declinaron decir qué tan ampliamente interpretarían la cláusula que prohíbe proporcionar “apoyo material” a la Guardia.
