Una de las propuestas requeriría que los proveedores de salud como clínicas y hospitales le nieguen el acceso a agentes de ICE en áreas que no sean públicas.
Un grupo de legisladores estatales demócratas propone varias leyes con el fin de proteger aún más a la comunidad inmigrante indocumentada de California.
Son 12 proyectos de ley los que el Caucus Latino, compuesto por más de 30 legisladores demócratas, presentará ante el Congreso del estado.
Una de estas propuestas de ley, cuya autora es la senadora estatal María Elena Durazo, de Los Ángeles, obligaría a las agencias que emiten permisos para comerciantes ambulantes dejar de requerir el uso de las huellas dactilares.
Se trata del proyecto de ley SB-635, el cual también prohibiría que estas mismas agencias que otorgan permisos de venta en las calles les pidan a los inmigrantes emprendedores su estado migratorio e historial criminal.
Otra de las propuestas se encuentra en el proyecto de ley AB-1261, con el cual la asambleísta Mialisa Bonta, de Alameda, intenta ofrecer representación judicial a niños no acompañados.
"Esta propuesta de la representante de California... podría ser la respuesta por lo menos para los menores que están aquí en California", indicó Gabriel Espinosa Ramos, abogado de inmigración.
En marzo, el presidente Donald Trump terminó los contratos que proveían representación legal a casi 26,000 niños que cruzaron la frontera solos.
"Se propone que California use sus propios fondos estatales, que no son controlados necesariamente por el gobierno federal, entonces sería un aumento de resistir a la administración los intentos de quitar este, yo diría derecho, ni siquiera diría beneficio", indicó Ramos.
La semana pasada, un juez federal del norte de California ordenó al gobierno restaurar de forma temporal los fondos para continuar con los casos de estos niños en las cortes de inmigración.
California
De igual modo, la SB-81 requeriría que los proveedores de salud como clínicas y hospitales les nieguen el acceso a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en áreas que no sean públicas y se rehúsen a dar información sobre el estatus migratorio de un paciente sin una orden de arresto.
"Prohibiría que agentes de ICE entren a los hospitales o a una clínica, o edificio de salud, sin una orden judicial, y prohibiría arrestos federales o interrogatorios cuando un inmigrante está recibiendo cuidado de salud", explicó Jesse Arreguín, senador estatal por Berkeley.
Arreguín considera esta medida de suma importancia, ya que dos días después de tomar posesión, Trump terminó con la política que prevenía que agentes de ICE entraran a los hospitales y escuelas.
"Nuestra comunidad indocumentada tiene miedo a buscar o recibir servicios de salud por temor a que ellos o sus familiares terminen arrestados, y pienso que el servicio de salud es un derecho humano sin tener miedo a ser arrestado", expresó Arreguín.
El senador indicó que su propuesta, la SB-81, pasará a una primera audiencia el 23 de abril, y él espera que después de eso, el proceso sea rápido, para que el gobernador Gavin Newsom la considere para su aprobación.
