La fiscal de distrito del condado Alameda, en California, Pamela Price, dijo que todos los casos de pena de muerte están bajo revisión.
Esto, después de que un miembro de su oficina presuntamente encontró evidencia de que los fiscales en un caso de hace 30 años habían excluido del jurado a personas negras y judías.
"Cuando se excluye intencionalmente a personas por su raza, religión, género o cualquier categoría protegida, se viola la Constitución", expresó Price en una conferencia de prensa el lunes. "La evidencia que hemos descubierto sugiere claramente que muchas personas no recibieron un juicio justo en el condado Alameda", declaró.
Price dijo que estaba actuando bajo la dirección del juez de distrito estadounidense, Vince Chhabria, quien está a cargo de una apelación de Ernest Dykes. Éste fue condenado a muerte en 1995 tras ser declarado culpable del intento de asesinato de Bernice Clark y del asesinato de su nieto Lance Clark, de 9 años, durante un intento de robo en 1993. Obtuvo una suspensión de la ejecución en 2011 y ha argumentado que no se le dio la oportunidad de un juicio justo.
Mientras revisaba el expediente del caso de Dykes, un fiscal adjunto de la oficina de Price encontró notas escritas a mano por los fiscales que parecen mostrar que habían excluido intencionalmente a mujeres judías y negras del jurado, indicó la funcionaria en un comunicado. Agregó que las notas fueron reveladas de inmediato a la defensa y al juez.
En una orden presentada el lunes, Chhabria dijo que la oficina de Price, "de conformidad con sus obligaciones legales y éticas", les había mostrado a él y a los abogados de Dykes notas de la selección del jurado por parte de los fiscales en el juicio.
"Estas notas, especialmente cuando se consideran junto con las pruebas presentadas en otros casos, constituyen pruebas contundentes de que, en décadas anteriores, los fiscales de la oficina estaban involucrados en un patrón de faltas graves de conducta, excluyendo automáticamente a los jurados judíos y afroamericanos en casos de pena de muerte", escribió Chhabria en el pedido.
California
El juez ordenó a Price que revise todos los casos de pena de muerte del condado por mala conducta de la fiscalía. Price dijo el lunes que se habían identificado 35 casos y que están bajo revisión.
La oficina de Price rechazó una solicitud de entrevista el martes.
La fiscal de distrito señaló en la conferencia de prensa que es posible que otros casos también hayan estado implicados y que llevaría mucho tiempo revisar cada uno.
"Estamos analizando casos que potencialmente se remontan a 1977", dijo.
La posible mala conducta puede haber involucrado a varios fiscales durante esas décadas, agregó.
"Tenemos notas tomadas por los fiscales en algunos de los casos, que indican que los jurados judíos estaban siendo identificados como judíos y que los negros estaban siendo identificados como negros y que no terminaron en el jurado", sentenció. "Y eso ha ocurrido en varios casos", aseguró.
Price dijo que también tiene transcripciones de cómo se interrogó a algunos miembros del jurado.
Los fiscales y abogados defensores pueden anular a los posibles miembros del jurado sin dar una razón, pero se les prohíbe hacerlo por motivos de origen étnico, género, raza o religión.
Price, exabogada de derechos civiles, asumió el cargo en 2023. Como parte de su campaña, se comprometió a no solicitar la pena de muerte. Se enfrenta a una elección revocatoria. Sus críticos la han acusado de ser blanda con el crimen.
"No se trata de izquierda o derecha ni de ningún tipo de política", afirmó Price. "Se trata de una cuestión de ética. Y todo fiscal electo tiene la obligación ética de garantizar que cualquier persona acusada de un delito reciba un juicio justo", indicó.
Los negros han estado sobrerrepresentados en los corredores de la muerte en todo Estados Unidos, según un informe de 2020 del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
El gobernador demócrata Gavin Newsom impuso una moratoria sobre la pena de muerte en California en 2019 y cerró la cámara de gas en San Quentin. La moratoria decía que el sistema de pena de muerte del estado "es injusto, despilfarrador, prolongado y no hace que nuestro estado sea más seguro".
