La Legislatura de California aprobó el jueves proyectos de ley que enmendarían una ley de 20 años que permite a los trabajadores demandar a sus jefes por violaciones laborales y exigir que los empleadores que sean responsables paguen una multa al estado.
La legislación reformaría la Ley General de Fiscales Privados, que entró en vigor en 2004. Ha sido objeto de escrutinio por parte de grupos empresariales que dicen que la ley ha sido mal utilizada. Los críticos también dicen que litigar presuntas violaciones de la ley suele llevar mucho tiempo y ser costoso.
Los proyectos de ley reducirían la sanción financiera para algunos empleadores y los obligarían a corregir las infracciones. Surgieron de un acuerdo entre el gobernador Gavin Newsom, legisladores, grupos empresariales y líderes sindicales para eliminar una medida electoral que pedía a los votantes derogar y reemplazar la ley.
El demócrata Newsom promocionó el acuerdo en su discurso sobre la situación del estado el martes, calificando la reforma de la ley como un “tema complicado y espinoso que durante décadas eludió el compromiso”.
“Logramos algo que parecía imposible”, afirmó. “Es más fácil abordar problemas simples, pero esa no es la manera en California”.
Newsom ha dicho que firmará los proyectos de ley. Entonces entrarían en vigor inmediatamente.
California
El Senado y la Asamblea estatales aprobaron las propuestas sin que ningún legislador votara en contra. Uno de los proyectos de ley daría a las empresas con menos de 100 empleados el derecho a corregir infracciones y permitiría a las empresas más grandes solicitar una evaluación temprana de la supuesta infracción. El otro proyecto de ley reduciría las penas por violaciones menos graves de la legislación laboral y aumentaría las penas por las más graves.
Según la ley de 2004, los empleadores que hayan violado el código laboral de California deben pagar una multa. Una cuarta parte de ese dinero se destina a los trabajadores y el resto a la Agencia de Desarrollo Laboral y Laboral para la aplicación de la ley y la educación sobre seguridad de los trabajadores.
Pero según la nueva legislación, el 35% del dinero se destinaría a los trabajadores afectados. La ley original tampoco permite a los empleadores corregir infracciones para evitar multas.
El debate sobre la ley de 2004 ha planteado dudas sobre qué hace el estado con el dinero que recibe de las empresas por multas y acuerdos relacionados con violaciones. En 2022-2023, el estado dejó $197 millones de ese dinero sin gastar, informó CalMatters a principios de este mes.
El asambleísta demócrata Ash Kalra, autor de uno de los proyectos de ley, dijo que el acuerdo “demuestra cómo se deben hacer las cosas cuando todas las partes se unen para resolver un problema de división de larga data”.
Ashley Hoffman, defensora de políticas de la Cámara de Comercio de California, dijo en una audiencia esta semana sobre uno de los proyectos de ley que la ley original tenía “buenas intenciones” pero que ha sido “manipulada a expensas de los trabajadores, las empresas y las organizaciones sin fines de lucro que ofrecen ayuda a los californianos vulnerables”.
“Lo que contiene este proyecto de ley y su compañero representan una reforma histórica para abordar estas preocupaciones”, dijo Hoffman, y agregó que “los trabajadores de California pueden sentirse seguros de que existe una aplicación sólida de la ley laboral”.
La medida electoral propuesta, que fue respaldada por muchos grupos empresariales, habría derogado la ley de 2004. Habría requerido que el estado proporcionara recursos a los empleadores para ayudarlos a cumplir con las leyes laborales; que sólo el comisionado laboral puede imponer a los trabajadores sanciones civiles de al menos $100 por período de pago, con algunas excepciones; que los empleadores tengan la oportunidad de corregir las infracciones sin sanciones; y que los empleados reciban el 100% del dinero de las sanciones impuestas a los empleadores, en lugar del 25%.
Sara Flocks, directora de campaña de la Federación Laboral de California, dijo en una audiencia esta semana que la ley original, que a menudo se llama PAGA, surgió en “respuesta a una crisis en la aplicación de la ley laboral”. La ley fue creada para reforzar los derechos de trabajadores inmigrantes, trabajadores con salarios bajos, trabajadores agrícolas y otros empleados vulnerables, dijo.
“Los dos proyectos de ley que hemos negociado con la cámara preservan la PAGA como una herramienta de aplicación única y la actualizan para mejorar los resultados para los trabajadores e incentivar el cumplimiento de la ley por parte de los empleadores, que es nuestro objetivo final”, dijo Flocks.
El acuerdo sigue a un gran año para el sector laboral en el que Newsom firmó leyes para aumentar los salarios de los trabajadores de la comida rápida y de la atención médica, aumentar los días de enfermedad remunerados y permitir que el personal legislativo de nivel inferior se sindicalice.
