Agentes del ICE realizaron este jueves un operativo en una empresa de El Cajón, señalada de dar a empleo a indocumentados a través de documentación falsa. Guillermo Méndez con los detalles.
Fuerzas de seguridad federales descendieron en un negocio del área no incoporada de El Cajón el jueves para ejecutar una orden de registro contra un negocio que se sospechaba de emplear a inmigrantes indocumentados, según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Decenas de agentes con chalecos antibalas y personas esposadas formando filas fueron vistos en una zona industrial a lo largo de la Avenida Magnolia en El Cajón alrededor de la 1 p.m. del jueves.
La operación estaba dirigida contra la empresa BJS & T Enterprises Inc, que opera como San Diego Powder & Protective Coatings, y en ocasiones como contratista del Gobierno. La orden de registro emitida el jueves, fue aprobada por la juez federal Barbara L. Major, quien dijo que los investigadores iban a investigar el lugar de trabajo por emplear a inmigrantes indocumentados, usar documentos fraudulentos y hacer declaraciones falsas a la Administración del Seguro Social.
Una vez asegurado el edificio y detenidas las personas, el agente especial del ICE HSI Shawn Gibson salió para informar a los medios de comunicación.
"Hoy, HSI, junto con muchos de nuestros socios federales de [el Departamento de Justicia] y el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina del Inspector General están ejecutando una orden de registro penal en el negocio situado detrás de mí por violaciónes de trabajo en el lugar de aplicación", dijo Gibson. "Debido a la naturaleza en curso, [es] muy limitado lo que podemos explicar al respecto, pero diré que la orden de registro ha sido liberada por el tribunal".
Los agentes registraron los cuatro edificios de la propiedad e interrogaron a entre 60 y 70 trabajadores; unos 20 fueron detenidos, pero todos fueron detenidos e interrogados durante varias horas.
California
La orden de registro
SDPC realiza trabajos en el marco de múltiples contratos con el gobierno federal. Como parte de esos contratos, está obligado a verificar electrónicamente la elegibilidad de empleo de los trabajadores.
SDPC llamó por primera vez la atención de los agentes federales durante una investigación de tráfico de drogas en octubre de 2022, según la orden de registro, que añade que la pareja de sospechosos trabajó allí, pero había sido despedida en el momento en que los agentes federales se presentaron en la empresa.
Los investigadores federales dijeron que determinaron que los antiguos empleados habían proporcionado a SDPC tarjetas de residente permanente y tarjetas de la Seguridad Social, que la empresa compartió después con los agentes.Según la orden de registro, los documentos facilitados por los antiguos empleados implicados en la investigación antidroga deberían haberse detectado fácilmente como falsos con el programa e-verify del gobierno federal que comprueba los documentos.
Además, en febrero de 2025, una fuente colaboradora de la investigación de 2022 dijo a los agentes que un hombre buscado por volver a entrar ilegalmente en el país había trabajado en SDPC.
El problema, según dijo el agente, era que el número de la Seguridad Social que figuraba en la tarjeta pertenecía a otra persona. Este incidente dio el banderazo de salida a una investigación más amplia.
Después, el 5 de marzo de este año, el informante grabó una conversación con el director general de SDPC, en la que, según los agentes, el director general reconocía saber que los trabajadores utilizaban documentos falsos.
Dos semanas después, un agente encubierto solicitó un puesto de trabajo en el SDPC utilizando documentos fraudulentos y fue contratado, a pesar de que los documentos que presentó deberían haberse reconocido como falsos con sólo mirarlos. En sus dos primeros días de trabajo, según la orden de registro, al agente se le encargó trabajar con equipo militar.
Antes de la redada, siete personas que trabajaban en el SDPC fueron identificadas como no aptas para trabajar en Estados Unidos, según la orden de registro. Decenas de personas fueron detenidas en el lugar este jueves.
Un familiar reacciona ante las detenciones
Evelin Leyva dijo a NBC 7 en el lugar que su cuñado trabaja para la empresa y estaba dentro de la fábrica durante el incidente ocurrido este jueves. Cree que fue detenido.
"Me siento muy triste porque todos los que estaban dentro, están trabajando. No están haciendo nada. No son delincuentes. Así que no sé por qué están haciendo esto", dijo Leyva. "Sólo es un trabajador dedicado. No es un delincuente. No estamos aquí porque seamos criminales. Estamos aquí porque tenemos el sueño americano. Todo el que viene, viene a trabajar. Entiendo que hay gente mala, pero también tienen que entender a la gente buena".
Los investigadores buscaban registros operativos como horarios de trabajo, citas laborales y contratos, así como registros financieros e información sobre nóminas e impuestos, según la orden de detención expedida. También tenían previsto acceder a archivos de personal y comunicaciones internas que pudieran proporcionarles detalles sobre la contratación de personas en San Diego Powder & Protective Coatings.
Reacción de los funcionarios locales
La diputada federal Sara Jacobs, que supervisa el Distrito 51, que incluye El Cajón, dijo que su oficina "ha presentado consultas al DHS y al ICE para averiguar qué está pasando y garantizar que se está siguiendo el debido proceso, pero no tenemos más detalles sobre esta operación".
El Consejo de la Ciudad de El Cajón, del cual el alcalde Bill Wells es miembro con derecho a voto, aprobó recientemente una resolución que consolida la intención de la ciudad para trabajar con las autoridades federales de inmigración, pero no estaba claro si la ciudad ayudó a los investigadores en este caso.
El alcalde de El Cajón, Bill Wells, puso en duda que la resolución de la ciudad tuviera algo que ver con la aplicación de la ley este jueves. Wells dijo que no sabía cuándo exactamente la operación se produciría, o donde, pero le dijeron que los funcionarios de inmigración estaría en la ciudad esta semana.
"No sé nada de este grupo concreto de personas. Sólo te digo que estoy juntando todos los elementos basándome en lo que veo que ocurre en todo el país, en mis propias deliberaciones", dijo Wells. "Me sorprendería mucho que no se tratara de gente peligrosa".
El negocio se encuentra en una parte de El Cajón que es supervisado por el Condado de San Diego, que tiene una política de no ayudar a los funcionarios federales de inmigración - política que el Sheriff del Condado de San Diego Kelly Martínez ha dicho que no cumpliría. En su lugar, dijo que el Departamento del Sheriff continuaría notificando proactivamente a ICE de individuos con condenas penales permitidas por la ley estatal.
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