De acuerdo con el diario Los Angeles Times, la mitad de las diócesis católicas de California esperan ser citadas por el fiscal general del estado como parte de una investigación sobre si han manejado adecuadamente las denuncias de abuso sexual por parte de sacerdotes.
El fiscal general de California, Xavier Becerra, está investigando cómo las 12 diócesis católicas en el estado manejaron las denuncias de abuso sexual infantil, aunque la Diócesis Católica Romana de San Diego no estaba entre ellas.
La Oficina del Fiscal General envió cartas a las 12 diócesis en mayo pidiéndoles que retengan documentos relacionados con las acusaciones de abuso que han obligado que la iglesia page millones de dólares.
Un portavoz de la iglesia dice que esperan citaciones para seis de esas diócesis: Los Ángeles, San Francisco, Sacramento, Fresno, San José y Orange, según Los Angeles Times.
La Oficina del fiscal general no confirmó a Telemundo 20 las citaciones para proteger la integridad de la investigación.
La diócesis local le dijo a Telemundo 20 en noviembre que en cuanto se hace una denuncia de mala conducta contra un sacerdote, se informa a las autoridades civiles al mismo tiempo que es revisada por una Junta de Revisión Independiente. Si la junta considera que la acusación es creíble, el sacerdote tiene prohibido permanentemente trabajar como sacerdote en cualquier parte del mundo.
Un escándalo mundial de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica explotó en agosto de 2008 cuando un informe del gran jurado de Pensilvania descubrió que cientos de sus sacerdotes habían abusado de al menos 1,000 niños y que la iglesia los habría mudado a otras iglesias.
California
Como resultado, se iniciaron investigaciones similares en todo el país. En San Diego, ocho sacerdotes que trabajaron en el condado de San Diego fueron nombrados entre los sacerdotes que tenían informes creíbles de abuso infantil contra ellos.
El número total de sacerdotes conectados a la diócesis con algún tipo de denuncia creíble de abuso ascendió a 56. Los 48 anteriores fueron identificados después de un acuerdo de 2007 en el que la diócesis pagó casi $200 millones a las víctimas.
