NUEVA YORK - El gobierno de Estados Unidos pagará casi $116 millones para resolver demandas presentadas por más de 100 mujeres que dicen haber sido abusadas o maltratadas en una prisión federal ahora cerrada en California que era conocida como el "club de las violaciones" debido a la rampante mala conducta sexual del personal hacia las reclusas.
Según los acuerdos aprobados el martes, el Departamento de Justicia pagará un promedio de alrededor de $1.1 millones a cada una de las 103 mujeres que demandaron a la Oficina de Prisiones por el trato recibido en la Institución Correccional Federal (FCI) de Dublín, California.
Los acuerdos se finalizaron el mismo día en que un juez federal debía aprobar otro en una demanda colectiva separada que requiere que la Oficina de Prisiones abra algunas instalaciones a un monitor designado por el tribunal y reconozca públicamente los abusos en Dublín.
"Nos sentenciaron a prisión, no a ser agredidas ni maltratadas", dijo la demandante y exprisionera de Dublín, Aimee Chavira.
"Espero que este acuerdo ayude a las sobrevivientes, como yo, a medida que comienzan a sanar, pero el dinero no reparará el daño que nos causó la Oficina de Prisiones, ni liberará a las sobrevivientes que continúan sufriendo en prisión, ni traerá de regreso a las sobrevivientes que fueron deportadas y separadas de sus familias", expresó Chavira.
La Oficina de Prisiones reconoció los acuerdos en una declaración el martes.
La agencia indicó que "condena enérgicamente todas las formas de comportamiento sexual abusivo y toma en serio su deber de proteger a las personas bajo nuestra custodia, así como de mantener la seguridad de nuestros empleados y la comunidad".
California
Los acuerdos del martes cubren una ola inicial de demandas que buscan una compensación monetaria de la Oficina de Prisiones después de que el exdirector Ray García y otros empleados de la FCI de Dublín fueran a prisión por abusar sexualmente de reclusas. Las demandas posteriores aún no se han resuelto.
La Oficina de Prisiones y los abogados de las demandantes dijeron que los montos de los acuerdos individuales se decidieron a través de un proceso de terceros que incluyó entrevistas en profundidad con cada mujer.
Una investigación de la AP descubrió una cultura de abusos y encubrimientos que había persistido durante años en la prisión. Esa información provocó un mayor escrutinio por parte del Congreso y la promesa de la Oficina de Prisiones de que solucionaría los problemas y cambiaría la cultura en la prisión.
Las demandas describen una "cultura generalizada de mala conducta sexual y represalias" y alegan que la Oficina de Prisiones "ignoró deliberadamente señales de advertencia alarmantes y acusaciones de abuso sexual" en la instalación de baja seguridad a unas 21 millas al este de Oakland.
Fueron presentadas por demandantes individuales con la asistencia de la Coalición de California para Mujeres Prisioneras, la Coalición de Solidaridad con las Prisiones de Dublín, el Fondo de Defensa Legal Time’s Up y otros grupos.
Entre los demandantes se encontraba un exrecluso transgénero que acusó a García de abusar de él y obligarlo a tocarle los genitales en una zona de recreo que no estaba a la vista de las cámaras de vigilancia. Más tarde, según dijo el recluso, García le llevó drogas en un intento de mantenerlo callado.
Otra demandante alegó que su supervisor en el equipo de reciclaje de la prisión, Ross Klinger, tuvo relaciones sexuales con ella en un contenedor de almacenamiento, la contactó por correo electrónico y Snapchat y la llevó a un motel para tener sexo dos veces después de que la liberaron a una casa de transición.
Otra demandante afirmó que un administrador de seguridad, John Bellhouse, la acosó poniendo el pie contra la puerta de su oficina para atraparla dentro. Aseguró que cuando denunció el abuso a un investigador interno de la prisión, este le respondió: "Si no está en cámara, estás perdida".
Desde 2021, al menos ocho empleados de la FCI de Dublín han sido acusados de abuso sexual de reclusas. Cinco se declararon culpables y dos fueron condenados en juicio. Otro caso está pendiente.
García fue condenado en 2022 por abusar de tres reclusas y está cumpliendo una condena de 70 meses de prisión. Klinger se declaró culpable de abusar de al menos dos reclusas y fue sentenciado a cinco años de libertad supervisada. Bellhouse fue declarado culpable de abusar sexualmente de dos reclusas y está cumpliendo una condena de 63 meses de prisión.
Algunas reclusas que denunciaron abusos en la FCI de Dublín dicen que han sido víctimas de mala conducta similar en otras instituciones, y AP ha encontrado múltiples arrestos y condenas de miembros del personal de la Oficina de Prisiones por abusar sexualmente de prisioneros en otras cárceles federales.
"A las sobrevivientes les resultó imposible escapar de la cultura de abuso que impregnaba la FCI de Dublín", afirmó la abogada de las demandantes, Deborah Golden. "Nadie estaba a salvo. Incluso aquellas que no habían sido agredidas vivían con el terror diario de que les pudiera pasar algo en cualquier momento", agregó.
Describió el trauma sufrido por las víctimas de la FCI de Dublín como "una dura acusación del fracaso de todo nuestro sistema penitenciario para enfrentar su prolongada crisis de abusos" y dijo que los acuerdos "hacen sonar una alarma urgente a los responsables políticos" para asegurarse de que no vuelva a suceder.
En julio, el presidente Joe Biden firmó una ley que fortalece la supervisión de la agencia después de que informes de AP destacaran sus numerosas fallas.
Para resolver la demanda colectiva, la Oficina de Prisiones y los abogados de las demandantes presentaron una propuesta de decreto de consentimiento que solicita una serie de reformas, incluido un monitor que examine el tratamiento de casi 500 exprisioneras de Dublín que ahora se encuentran alojadas en más de una docena de cárceles federales en todo Estados Unidos.
Además, en virtud de ese acuerdo, la directora de la agencia, Colette Peters, "emitirá un reconocimiento público y formal a las víctimas de abuso sexual por parte del personal de la FCI de Dublín".
La Oficina de Prisiones anunció el 5 de diciembre que cerraría permanentemente la FCI en Dublín después de una evaluación de seguridad e infraestructura luego de su cierre temporal en abril.
La Oficina de Prisiones indicó en un comunicado que aceptó "los términos sustanciales de un acuerdo propuesto para resolver todas las demandas por mandato judicial" en la demanda colectiva y que "la decisión de cerrar permanentemente (la FCI de Dublín) no es resultado del acuerdo".
