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Votantes de California decidirán si eliminan el trabajo forzado en las prisiones

Los legisladores buscan cerrar lo que llaman un vacío en la Constitución del estado, el cual permite el trabajo forzado como castigo por un delito.

Foto de archivo.

La Constitución del estado de California prohíbe la esclavitud, excepto como castigo por un crimen. Una medida en la boleta electoral de noviembre busca detener la práctica del trabajo forzado dentro de las prisiones estatales.

Los legisladores en ambas cámaras en Sacramento votaron para llevar la "Ley de Fin de la Esclavitud en California" a la boleta electoral. La medida es liderada por la asambleísta del Distrito 11, Lori Wilson.

"El trabajo forzado disminuye la dignidad humana, y esto se trata de restaurar la dignidad humana y asegurar que las personas encarceladas puedan elegir un camino de rehabilitación", dijo Wilson.

Wilson señaló que los programas de rehabilitación, como terapia o clases, pueden verse obstaculizados cuando las personas son castigadas por negarse a trabajar.

"Es una declaración de valor para los californianos. Quítenlo y eliminen el último rastro de esclavitud de nuestra constitución", agregó Wilson.

Joel Abreu, quien cumple una cadena perpetua en la Instalación Correccional Richard J. Donovan, dijo que negarse a trabajar podría tener un alto costo para los encarcelados.

"Es terrible, pero tienes que hacerlo porque estás en este sistema de riesgo y recompensa, donde no te puedes permitir recibir una sanción", indicó Abreu, cofundador de la organización sin fines de lucro Redemption Row. "Nuestra sentencia es el tiempo que debemos pasar lejos de nuestras familias y pagar la restitución. Además de este tiempo, no deberíamos ser también esclavos por contrato", agregó.

Según Abreu, una sanción escrita podría dificultar el logro de la libertad condicional. Además, los trabajos a los que muchas personas encarceladas son asignadas no tienen mucho valor cuando vuelven a la sociedad.

"Serán tus vecinos. Así es como es, y necesitamos enfocarnos en la rehabilitación, la salud mental y la educación", dijo Abreu.

Wilson explicó que la medida no debería tener un costo elevado, porque la propuesta no exige que los trabajadores encarcelados reciban el salario mínimo.

"Todavía habrá trabajo en las prisiones, pero será un programa de trabajo voluntario", aclaró.

En una declaración, un representante del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California expresó que la agencia "valora las contribuciones de sus trabajadores encarcelados y está comprometida con su misión de preparar a las personas bajo su custodia para un regreso exitoso a sus comunidades. Seguimos trabajando en nuestro análisis fiscal de la medida. Estaremos siguiendo los resultados de este tema después de las elecciones de noviembre".

Si bien Abreu apoya la medida, se muestra cauteloso sobre lo lenta que puede ser la implementación de cambios dentro del sistema de justicia penal.

"Una vez que se implementan estas cosas, hay muy poca, si es que alguna, supervisión o responsabilidad para la implementación cuando llega a las prisiones", indicó Abreu.

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