LOS ÁNGELES - Los californianos decidirán si Uber, Lyft y otros conductores basados en aplicaciones deben seguir siendo contratistas independientes o ser elegibles para los beneficios que conlleva ser empleados de la empresa.
La batalla entre estas empresas y los sindicatos, incluida la Hermandad Internacional de Camioneros, podría convertirse en la medida electoral más cara en la historia del estado.
Los votantes están sopesando la posibilidad de crear una exención a una nueva ley estatal destinada a brindar protección de salarios y beneficios a los conductores.
Uber y Lyft han peleado una batalla perdida en la Legislatura y los tribunales, por lo que ahora, con la ayuda de las empresas de entrega de alimentos basadas en aplicaciones: DoorDash, Postmates e Instacart, están gastando más de $180 millones para llevar su lucha directamente a los votantes en las elecciones del 3 de noviembre.
La votación anticipada en California comienza el lunes. Uber y Lyft, ambos con sede en San Francisco, han dicho que podrían abandonar el estado si la medida fracasa.
La histórica ley laboral conocida como AB5 amenaza con cambiar radicalmente el modelo de negocio basado en aplicaciones, que ofrece una gran flexibilidad a los conductores que pueden trabajar cuando lo deseen. Pero renuncian a protecciones como salario mínimo, horas extras, seguro médico y reembolso de gastos.
"Lo que está en juego es el futuro del trabajo, la naturaleza del trabajo, cómo están cambiando las condiciones para los hogares en medio de la pandemia y la recesión", dijo David McCuan, presidente del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de Sonoma de California.
Demócratas en la Legislatura aprobaron la ley el año pasado para ampliar un fallo de 2018 de la Corte Suprema de California que limitaba a las empresas a clasificar a los trabajadores como contratistas independientes.
Uber y Lyft han sostenido que sus conductores cumplen con los criterios para ser contratistas independientes, no empleados. También han argumentado que la ley no se les aplica porque son empresas de tecnología, no empresas de transporte, y los conductores no son una parte fundamental de su negocio.
El fiscal general Xavier Becerra llevó a las empresas a los tribunales y un juez del Tribunal Superior de San Francisco dictaminó que las empresas están sujetas a las nuevas normas laborales. Pero ese fallo se ha pospuesto mientras las empresas apelan.
Cualquier fallo podría deshacerse con el resultado de la votación, aunque es probable que se produzcan más litigios.
Si se aprueba la Propuesta 22 eximiría a las empresas de transporte y entrega basadas en aplicaciones de la ley laboral y los conductores seguirían siendo contratistas independientes exentos de los mandatos de horas extra, licencia por enfermedad y reembolso de gastos.
Pero también implementaría políticas que requieren que esas empresas brinden "beneficios alternativos", incluido un salario mínimo garantizado y subsidios para el seguro médico si tienen un promedio de 25 horas de trabajo a la semana.
Los partidarios dicen que los conductores disfrutan de la independencia y flexibilidad del modelo actual, mientras que los opositores dicen que las empresas explotan a los trabajadores y no terminarán pagando tanto como afirman los proponentes.
