Un juez federal emitió una orden que prohíbe permanentemente que un médico de Utah emita recetas de opioides y otras sustancias controladas.
WASHINGTON, Utah - Un juez federal emitió una orden que prohíbe permanentemente que un médico de Utah emita recetas de opioides y otras sustancias controladas.
La orden de consentimiento resuelve las acusaciones hechas contra el Dr. Sean Ponce, un médico licenciado en Utah.
En una demanda presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Utah, el gobierno alegó que el Dr. Ponce emitió ilegalmente recetas de opioides en violación de la Ley de Sustancias Controladas.
La denuncia alega que el Dr. Ponce atendió las solicitudes de los clientes de opioides y otras sustancias controladas, en ocasiones utilizando mensajes de texto para organizar el intercambio de recetas por dinero en efectivo. Además, el Dr. Ponce habría utilizado un espacio de oficina virtual en Cottonwood Heights, Utah, para reunirse con clientes que pagaban en efectivo para mantener la apariencia de una práctica médica a pesar de la falta rutinaria de exámenes legítimos, hallazgos médicos que respaldan las recetas o buena reputación.
“Los médicos que facilitan el desvío ilegal de opioides y otras sustancias controladas dañan al público y violan la ley”, dijo el fiscal general adjunto principal Brian M. Boynton, jefe de la División Civil del Departamento de Justicia. “El Departamento de Justicia continuará trabajando con sus socios para detener a los profesionales médicos que buscan sacar provecho de la epidemia de adicción a los opioides”, indicó.
“En el Distrito de Utah, haremos cumplir las disposiciones de la Ley de Sustancias Controladas”, dijo la fiscal federal Trina A. Higgins para el Distrito de Utah. “Esto incluye violaciones de la ley cometidas por médicos y profesionales de la salud que distribuyen ilegalmente sustancias controladas bajo el pretexto de una práctica médica legítima”, aseguró.
“Confiamos a los profesionales de la salud para que actúen en el mejor interés de la comunidad”, dijo el agente especial, Brian Besser, a cargo de la División de las Montañas Rocosas de la DEA. “Con esa confianza, la DEA espera que los profesionales receten sustancias controladas de acuerdo con las leyes y reglamentos establecidos por la legislación. Cuando se rompe la confianza del público y los proveedores de atención médica buscan beneficiarse de aquellos que están en riesgo, seguramente tendrán que rendir cuentas. Felicito a nuestros agentes de Salt Lake City y a nuestros socios en la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Utah y la Rama de Protección al Consumidor de la División Civil por construir juiciosamente este caso y llevarlo a cabo”, indicó.
EEUU
La orden de consentimiento, emitida por el juez federal de distrito David Barlow, requiere que el Dr. Ponce pague una multa civil de $65,000. La orden también prohíbe permanentemente al Dr. Ponce administrar, dispensar o distribuir sustancias controladas y administrar o supervisar a otros proveedores médicos que trabajan con opioides o sustancias controladas o las recetan. La orden prohíbe que el Dr. Ponce sea propietario de un negocio o consultorio médico donde se manejen opioides o sustancias controladas.
El gobierno estuvo representado por el fiscal federal auxiliar para el Distrito de Utah, Joel Ferré, y los abogados litigantes Yolanda D. McCray Jones y Scott B. Dahlquist de la División de Protección al Consumidor de la División Civil. El Escuadrón de Desvío Táctico de la DEA en la Oficina del Distrito de Salt Lake City brindó un apoyo sustancial en la investigación.
