WASHINGTON - La Corte Suprema de Estados Unidos evaluó este viernes el futuro de los mandatos de vacunación contra el COVID-19 del presidente Joe Biden, que afectarían en conjunto a unas 100 millones de personas y que enfrentan resistencia de los conservadores.
En dos audiencias de casi cuatro horas en total, la mayoría conservadora se mostró escéptica con la norma de Biden para que se vacunen la mayoría de los empleados de empresas privadas del país, y expresó un poco más de afinidad con otra medida dirigida a algunos trabajadores sanitarios.
El primero de esos mandatos, que obligaría o bien a vacunarse o bien a presentar semanalmente resultados negativos de tests de COVID-19 a los empleados de todas las compañías que tengan 100 trabajadores o más, empezará a implementarse probablemente en febrero, a no ser que la Corte Suprema lo frene.
Varios grupos empresariales y 27 estados liderados por conservadores han demandado al gobierno de Biden para anular la medida, que afectaría a unos 80 millones de trabajadores, más de dos tercios de la fuerza laboral del país.
La mayoría de los jueces de la Corte Suprema expresaron dudas sobre la autoridad legal del Ejecutivo para imponer ese tipo de mandato, y cuestionaron por qué no se deja esa tarea al Congreso o a cada estado.
"Parece que el gobierno federal está yendo agencia por agencia buscando una forma (de requerir que la gente se vacune) ante su incapacidad de conseguir que el Congreso actúe", dijo Neil Gorsuch, uno de los seis magistrados de tendencia conservadora de la corte.
Uno de los abogados demandantes, Scott Keller, de la Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB, por sus siglas en inglés), advirtió que el mandato de Biden causaría un "cambio económico masivo" en Estados Unidos y que muchos "trabajadores van a renunciar" para que no se les obligue a vacunarse.
Los tres jueces progresistas replicaron que, si no se aplica el mandato, los empleados vacunados también podrían renunciar para evitar trabajar con los que no lo están, y defendieron la importancia de la medida ante el aumento de contagios en el país.
"Estamos viendo una cantidad sin precedentes de muertes. Contagiarse de COVID-19 puede hacer que la gente deje de trabajar durante periodos extraordinarios", sobre todo si no están vacunados, recalcó la jueza Sonia Sotomayor.
El gobierno de Biden calcula que su mandato salvaría 6,500 vidas y evitaría 250,000 hospitalizaciones en apenas seis meses, aseguró en la audiencia la procuradora general del Ejecutivo, Elizabeth Prelogar.
En una segunda audiencia, la Corte Suprema escuchó argumentos sobre otro mandato de Biden para que se vacunen los empleados de más de 50,000 instalaciones sanitarias de Estados Unidos, aquellas que reciben subsidios federales de los programas Medicare o Medicaid, y en las que trabajan unas 17 millones de personas.
Esa medida está en vigor en 26 estados del país y bloqueada en otros 24, y los jueces se mostraron más receptivos a ella porque las cortes suelen respetar el derecho del gobierno a establecer condiciones de cómo debe usarse el dinero en aquellos programas que financia.
Con los contagios disparados en Estados Unidos, casi todos los jueces llevaron mascarilla en la audiencia, mientras que dos de los abogados que intervinieron en contra de los mandatos de vacunación -los que representaban a Ohio y Louisiana- lo hicieron por teléfono porque habían dado positivo por COVID-19, según sus oficinas.
