NUEVA YORK -- El representante George Santos robó las identidades de los donantes de su campaña y luego usó sus tarjetas de crédito para cobrar decenas de miles de dólares en cargos no autorizados, según una nueva acusación presentada el martes.
Luego transfirió parte del dinero a su cuenta bancaria personal, dijeron los fiscales, mientras usaba el resto para inflar las arcas de su campaña.
La acusación de 23 cargos reemplaza una presentada en mayo contra el republicano de Nueva York, acusándolo de malversación de dinero de su campaña y mentir al Congreso sobre su riqueza, entre otros delitos.
En la acusación actualizada, los fiscales acusan a Santos de cobrar más de $44,000 a su campaña durante un período de meses utilizando tarjetas pertenecientes a contribuyentes sin su conocimiento. En un caso, cargó $12,000 a la tarjeta de crédito de un contribuyente y transfirió la “gran mayoría” de ese dinero a su cuenta bancaria personal, dijeron los fiscales.
Santos también está acusado de informar falsamente a la Comisión Federal de Elecciones que había prestado a su campaña $500,000 cuando en realidad no había dado nada y tenía menos de $8,000 en el banco. El préstamo falso fue un intento de convencer a los funcionarios del Partido Republicano de que él era un candidato serio que merecía su apoyo financiero, según la acusación.
"Como se alega, Santos está acusado de robar identidades de personas y realizar cargos en las tarjetas de crédito de sus propios donantes sin su autorización, mentirle a la FEC y, por extensión, al público sobre el estado financiero de su campaña", dijo el fiscal federal Breon Peace.
Santos salió de una conferencia republicana de dos horas en el Capitolio de Estados Unidos y dijo a los periodistas que no tenía comentarios sobre la acusación sustitutiva. "Estaba en una conferencia como todos los demás, sin mi teléfono, así que no tengo nada que decir", dijo. Anteriormente había mantenido su inocencia, afirmando que era víctima de una “caza de brujas”.
Los nuevos cargos profundizan el peligro legal para Santos, quien probablemente enfrenta una larga pena de prisión si es declarado culpable. Hasta ahora, se ha resistido a todos los llamados a dimitir, insistiendo en que tiene la intención de presentarse a la reelección el próximo año.
LA POLÉMICA DETRÁS DEL REPRESENTANTE
La biografía personal y profesional de Santos como un rico hombre de negocios comenzó a desmoronarse poco después de ganar las elecciones para representar partes de Long Island y Queens el año pasado, revelando una enmarañada red de engaños.
Las cuestiones financieras han seguido dando vueltas en torno a Santos, quien afirmó ser rico pero pasó gran parte de su edad adulta oscilando entre trabajos mal pagados y desempleo, mientras se defendía de casos de desalojo y dos cargos penales separados relacionados con su uso de cheques sin fondos.
Además de mentir a los votantes (sobre sus distinguidos antecedentes en Wall Street, su herencia judía, sus logros académicos y atléticos, su trabajo de rescate de animales, sus propiedades inmobiliarias y más), Santos está acusado de llevar a cabo numerosos planes destinados a enriquecerse y engañar a sus donantes.
Inicialmente, fue arrestado en mayo por una acusación federal de 13 cargos, que lo acusaba de usar fondos destinados a gastos de campaña para ropa de diseñador y otros gastos personales y de obtener indebidamente beneficios de desempleo destinados a los estadounidenses que perdieron su trabajo debido a la pandemia.
En libertad bajo fianza mientras espera el juicio, Santos ha descrito su letanía de mentiras como adornos sin víctimas, al tiempo que culpa de algunas de sus irregularidades financieras a su extesorera de campaña, Nancy Marks, quien, según él, “se volvió rebelde”.
La semana pasada, Marks, una antigua contadora política de Long Island, se declaró culpable de un cargo de conspiración de fraude y le dijo a un juez que ayudó a su exjefe a engañar a posibles donantes y a funcionarios del Partido Republicano presentando informes falsos sobre finanzas de campaña.
DETALLES DE LA ACUSACIÓN
La acusación del martes decía que Marks y Santos estaban involucrados en el mismo plan para falsificar un préstamo de campaña de $500,000 con el fin de cumplir con un punto de referencia que desbloquearía apoyo adicional de un comité del Partido Republicano. Santos ahora también ha sido acusado de registrar donaciones falsas de al menos 10 personas, todas ellas familiares suyos o de Marks, como parte del mismo esfuerzo para hacer que la campaña parezca que alcanzó esos objetivos de recaudación de fondos.
Santos no fue acusado inicialmente en la denuncia penal contra Marks, pero fue identificado en documentos judiciales como un "co-conspirador".
La nueva acusación alega un fraude en varias partes por parte de Santos, quien supuestamente engañó tanto a sus donantes como a sus familiares.
En un caso, Santos supuestamente robó la información de la tarjeta de crédito de uno de sus contribuyentes, que ya había donado $5,800 a la campaña, para darse a sí mismo $15,800 adicionales en pagos, según la acusación. Debido a que los cargos no autorizados excedieron los límites de contribución establecidos por la ley federal, Santos enumeró los pagos adicionales como provenientes de sus propios familiares involuntarios, alegan los fiscales.
El plan de fraude con tarjetas de crédito comenzó en diciembre de 2021, dijeron los fiscales, poco después de que Santos no calificara para un programa del Partido Republicano que habría brindado apoyo financiero y logístico a su segunda campaña al Congreso.
En mensajes de texto enviados a Marks en ese momento, se describió a sí mismo como "perdido y desesperado", dijeron los fiscales.
Otro recaudador de fondos para Santos, Sam Miele, también fue acusado previamente de cargos federales de hacerse pasar por un asistente de alto rango del Congreso mientras solicitaba contribuciones para la campaña del republicano.
Los fiscales dijeron que Miele, de 27 años, se hizo pasar por el exjefe de gabinete del representante republicano Kevin McCarthy, quien en ese momento era el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, al configurar direcciones de correo electrónico ficticias que se parecían al nombre del empleado.
El abogado de Miele, Kevin Marino, predijo anteriormente que su cliente sería exonerado en el juicio.
