HOUSTON – El gobierno del presidente Biden pidió a la Corte Suprema que se pronuncie sobre la decisión de la Corte Quinta Federal de Apelaciones del Circuito, la cual dejó en vigor la ley que prohíbe el aborto en Texas después de la sexta semana de gestación.
Ya el viernes el Ejecutivo había dejado saber su intención de recurrir al máximo Tribunal, mediante un anuncio del vocero del Departamento de Justicia, Anthony Coley.
El pasado jueves en la noche, un panel de tres jueces -con una votación de 2-1- decidió apoyar la entrada en vigor de la ley firmada hace varias semanas por el gobernador Greg Abbott.
Esta medida permite que sea la ciudadanía la que denuncie a las personas que ejecuten o tengan conocimiento de un aborto por encima de las seis semanas de gestación.
De esta forma se convierte en la ley antiaborto más restrictiva actualmente en el país.
Quien lo haga podrá recibir hasta $10,000 como compensación si ganan el pleito legal.
El gobierno del presidente Biden se ha mostrado en desacuerdo con la ley SB8 de Texas desde un principio, ya que la considera violatoria de la sentencia Roe vs. Wade emitida por la Corte Suprema de Justicia en 1973 y que protege el derecho de las mujeres a decidir si se someten a un aborto o no.
El Departamento de Justicia pudo haber apelado la decisión ante el pleno del Quinto Circuito, pero prefirió llevar el caso directamente a la Corte Suprema de Justicia.
La Corte Suprema tiene, actualmente, una mayoría de jueces conservadores 6-3, luego de que el expresidente Trump nominara a tres magistrados durante los cuatro años de su mandato.
Esto ha hecho que sectores que apoyan el derecho al aborto teman que una sentencia de la Corte Suprema con mayoría conservadora pueda revertir el derecho establecido desde el año 1973.
