ORLANDO, Florida -- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) compartirá la información que tiene sobre el estatus de ciudadanía de las personas con la Oficina del Censo en respuesta a la orden del presidente Donald Trump de recabar datos sobre quién es ciudadano y quien no, emitida después de que la Corte Suprema impidiese la pregunta acerca de la ciudadanía en el Censo del 2020.
La orden de Trump ha generado acciones legales, pero DHS dijo que la acatará mientras se dilucida el asunto. Además, indicó que compartirá la información para ayudar a la Oficina del Censo a determinar cuántos ciudadanos hay en el país y también cuántas personas hay sin permiso de residencia.
La información a ser compartida incluye datos personales, según DHS. Por ley, la Oficina del Censo no puede difundir los datos personales de la gente y esa dependencia dice en una cartilla informativa que "sus respuestas solo pueden ser usadas para generar estadísticas. No pueden ser usadas en su contra de ninguna manera".
La Oficina del Censo dijo que esa información será preservada no más de dos años y que después será destruida, según el acuerdo. La información ayudará a la Oficina del Censo a crear un modelo que estima las probabilidades de que cada persona sea ciudadana de Estados Unidos, extranjera con permiso de residencia o extranjera sin autorización para estar en el país.
Entre los datos que compartirá DHS figuran el número de identificación de los extranjeros, el país de nacimiento y la fecha en que se naturalizó o inició el trámite de naturalización. DHS dice que espera respuesta a la pregunta de si podrá difundir información sobre solicitudes de asilo y refugio, que generalmente no puede ser dada a conocer.
Dado que el status de una persona puede cambiar con el paso del tiempo, es posible que la información suministrada por DHS no sea precisa, según Andrea Senteno, abogada del Fondo Mexicano de Defensa Legal y Educación, organización defensora de los derechos civiles que cuestionó la orden de Trump en los tribunales de Maryland.
"La información que está dando vueltas sobre si una persona no es ciudadana o sobre su status inmigratorio va a tener muchos agujeros", dijo Senteno.
El documento de DHS admite que la Oficina del Censo probablemente asigne un estatus migratorio equivocado a algunas personas, que la gente no podrá corregir los errores y que la información de DHS será vinculada erróneamente con otros datos de distintos orígenes que usa la Oficina del Censo.
La ficha resultante de cada persona "probablemente no sea un 100% precisa", dice el documento del DHS.
Trump ordenó a la Oficina del Censo que recabe información sobre la ciudadanía usando archivos administrativos de organismos federales y de los 50 estados después de que la Corte Suprema falló en contra de su decisión de incluir la pregunta sobre la ciudadanía en los formularios del censo.
El gobierno dijo que su intención era facilitar el cumplimiento de la Ley sobre el Derecho al Voto, que protege el acceso de las minorías a las urnas. Pero el presidente de la Corte Suprema John Roberts se sumó a los cuatro jueces más liberales y dijo que la justificación dada por el gobierno "parece forzada".
Quienes se oponen a la inclusión de la pregunta sobre la ciudadanía dicen que ahuyentará a los inmigrantes, los hispanos y otros sectores, que desistirán de participar en este conteo que se hace cada diez años. Este recuento determina la asignación de bancas en la cámara baja y la distribución de $1,500 millones en fondos federales.
En la demanda federal que busca impedir que se ponga en vigor la orden de Trump se afirma que la información sobre la ciudadanía es parte de un "plan de discriminación racial" para limitar el poder de los hispanos y aumentar la representación de los blancos no hispanos.
En cumplimiento de la orden, la Oficina del Censo pidió la información de las oficinas que entregan licencias de conducir, pero hasta ahora solo Nebraska ha cooperado.
La información sobre la ciudadanía permitiría a los estados crear distritos electorales en base a los ciudadanos en edad de votar y no a partir de la población total, según la orden de Trump. La constitución estipula que los distritos electorales deben armarse en base a la cantidad de personas, no de ciudadanos, que viven allí. Hay quienes temen que si se usan solo los ciudadanos, se armen distritos electorales menos diversos y más proclives a votar por los republicanos.
