Más 40,000 personas desaparecidas registradas, unas 1,100 fosas clandestinas y 26,000 cuerpos sin identificar dan cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y de Derechos Humanos que enfrenta la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
"Hemos heredado quizá uno de los signos más ominosos del régimen anterior", dijo el lunes el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, durante la presentación un plan de búsqueda de desaparecidos.
"La desaparición forzada, sea por agentes del Estado o por particulares, es uno de los problemas más lacerantes que vive nuestra sociedad", añadió.
Ahora, esa herencia se ha convertido en uno de los grandes pendientes del gobierno de López Obrador, quien manifestó a familiares de víctimas "pesar por su sufrimiento" y el compromiso de hacer "todo lo que humanamente sea posible para saber de los desaparecidos".
López Obrador deploró las "más de un millón de víctimas de violencia", un saldo "de la guerra absurda que se declaró para enfrentar la violencia".
Los casos de personas no localizadas, extraviadas y desaparecidas, incluyendo víctimas de desaparición forzada, fueron en aumento en México desde que el presidente Felipe Calderón (2006-2012) inició una guerra frontal contra grupos del narcotráfico y que continuó Enrique Peña Nieto (2012-2018).
"Nuestro compromiso es nunca más utilizar la fuerza, ni declarar la guerra para enfrentar problemas de inseguridad o problemas sociales", apuntó López Obrador.
El presidente y Encinas señalaron que el objetivo fundamental del plan es diseñar, con las familias y los organismos nacionales e internacionales, las bases generales y políticas públicas para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, además de prevenir, investigar y sancionar a los responsables.
"Buscamos desarrollar un enfoque diferenciado que nos permita atacar de mejor manera las tarea de búsqueda en todo el país que, lamentablemente, se ha convertido en una enorme fosa clandestina", apuntó Encinas.
Por ello, el Gobierno trabaja en la implementación de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, y en la creación el Sistema Nacional de Búsqueda y un Instituto Nacional de Identificación Forense.
Pero además de buscar a personas desaparecidas, Encinas apuntó que "la prioridad será la búsqueda de personas con vida".
"Debemos actuar de manera inmediata para recuperar a personas ligadas a la desaparición forzada y enfrentar problemas vinculados a la trata de personas", dijo, y se refirió a los migrantes que transitan por México, en especial los centroamericanos.
Explicó que para las familias de las víctimas "la verdadera reparación del daño en estos casos será la aplicación de la justicia y castigo a los responsables".
Además, como parte del plan, organismos internacionales, entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), la Cruz Roja Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), brindarán asesoría técnica al Gobierno.
A mediados de enero, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) informó que tenía un registro de 40,180 personas desaparecidas en México y en la mayoría de los casos contaba con la identidad digital, la cual incluye nombre completo de la víctima, fecha de nacimiento, fotografía y huella dactilar.
El caso más mediático de desaparición forzada en México ha sido el de 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa en septiembre de 2014 a manos de policías corruptos en el municipio de Iguala, estado de Guerrero, durante el mandato de Peña Nieto.
