FALLS CHURCH, Virginia - En el rascacielos donde se manejan los tribunales del servicio de inmigración la consigna es encontrar la forma de hacer más eficiente un sistema que está desbordado.
La Executive Office for Immigration Review, que llegó a tener un millón de casos de deportación pendientes, cuya tramitación podía tomar años, está comprando propiedades para disponer de más tribunales, cuenta ahora con un sistema para agilizar los procesos por la internet, está acelerando la capacitación de personal y contratando más jueces.
Pero ni así da abasto.
La cantidad de casos que trata mensualmente se más que duplicó en octubre del año pasado, en que hubo 35,776. En octubre del 2017 hubo 15,045.
“Trabajamos en las cosas que podemos controlar y tratamos de mantener la inercia”, expresó James McHenry, director de la Executive Office for Immigration Review (EOIR).
La EOIR es el brazo del Departamento de Justicia que supervisa los procesos de deportación y decide si una persona puede permanecer en Estados Unidos o es enviada de vuelta a su país. A diferencia de los tribunales comunes, los jueces y los empleados de los tribunales de inmigración responden al secretario de justicia William Barr.
El presidente Donald Trump se ha quejado del sistema de inmigración y sostiene que las personas que le escapan a la violencia y la pobreza y piden asilo están aprovechándose de él. El atraso en la tramitación de los casos viene de hace tiempo. Pero la decisión de reforzar el control de la frontera con México y un aumento en la llegada de familias centroamericanas que piden asilo han agravado el problema.
La Associated Press visitó recientemente tribunales de inmigración en 11 ciudades y observó cientos de vistas que ilustran el caos reinante por la cantidad de casos y por las cambiantes políticas del gobierno.
Funcionarios del EOIR dicen que los cambios que se están implementando tardarán en hacerse sentir.
Actualmente toma un promedio de 130 días resolver la situación de los inmigrantes detenidos y unos 970 - casi tres años - los de quienes permanecen en libertad. El Departamento de Justicia ordenó a los jueces de inmigración que dejen de postergar indefinidamente los casos, lo que implica que deben atender cientos de miles de causas que habían sido hechas a un lado.
McHenry y su equipo están estudiando la información disponible, la tecnología y la metodología de ese departamento. Pero no pueden controlar en su totalidad un sistema de inmigración enorme.
“Si podemos reducir al menos la cantidad de casos pendientes, eso sería tremendo”, manifestó.
Entre los cambios recientes más grandes figura la creación de un sistema electrónico que ya está siendo ensayado en Houston, Aurora, Colorado y Filadelfia, que reemplazará la montaña de archivos guardados en carpetas azules que tienen la mayoría de los jueces.
Bajo el nuevo sistema, los jueces pueden emitir órdenes, enviar información y leer los antecedentes. El sistema estará disponible para todo aquél que trabaja en los tribunales de inmigración, incluidos abogados y numerosas agencias del gobierno, y contiene toda la información de cada caso. Permite a los jueces informarse rápidamente de la historia de una familia, emitir órdenes y tomar notas. Se pueden programar vistas con un click. Hacia fines del 2020 habrá 36 sitios en la web.
La abogada de inmigración Ruby Powers, de Houston, dijo que hasta ahora el nuevo sistema no ha tenido efecto positivo alguno. Indicó que a ella y los demás abogados les complace la idea de que haya menos papeleo. Agregó que hace unos cinco años hubo un sistema electrónico más modesto, que no fue a ninguna parte.
“En general ansiamos tener un sistema más eficiente”, declaró. “Lo están intentando, pero es duro”.
EOIR pidió un presupuesto de $673 millones para este año, comparado con los $312 millones de que dispuso en el 2014, en parte para poder instalar más tribunales. Actualmente cuenta con 439 jueces. Puede contratar 534, pero no tiene dónde instalarlos.
Se está trabajando para abrir nuevos juzgados en Nueva York, Los Angeles, San Francisco y Houston. El objetivo es que cada juez tenga un secretario de juzgado. Además, quieren contratar otros 100 intérpretes de español y también intérpretes chinos.
McHenry, por otro lado, creó una oficina que capacita a jueces, secretarios y demás personal, y que emite circulares para unificar criterios.
Se han agregado jueces supervisores a cada región. Y se están fijando plazos para que se complete la tramitación de cada causa en menos tiempos que antes.
La mayor parte de las novedades apuntan a acelerar el trabajo de los tribunales, según McHenry. Pero miembros del sindicato de jueces dicen que a menudo se sienten presionados, obligados a satisfacer cuotas, y que el gobierno está restringiendo lentamente su autonomía, permitiendo que el secretario de justicia se tome más atribuciones.
La agencia libra una batalla con el sindicato, que insiste en la necesidad de que los tribunales sean independientes. El EOIR procura desarticular el sindicato.
En una reciente vista sobre una disputa laboral, el EOIR adujo que los jueces tienen categoría gerencial y por lo tanto no pueden afiliarse a un sindicato. La jueza de inmigración Ashley Tabaddor, presidenta del sindicato, no obstante, dijo que los jueces tienen menos autoridad que nunca.
Sostuvo que “quieren eliminar el sindicato para crear un sistema de control total y sin restricciones, que les permita tomar decisiones sin tener que rendirle cuentas a nadie”.
McHenry, por su parte, dice que se trata de hacer más efectivo un sistema que no se puede manejar. Y que está notando progresos.
“Ahora hay que ver si se pueden mantener” esos progresos, expresó.
