En febrero, el concejal Hugo Soto-Martínez presentó cinco mociones para apoyar a la comunidad inmigrante.
El Ayuntamiento aprobó este miercoles un paquete de mociones destinadas a proteger a los inmigrantes en Los Ángeles en medio de la ofensiva federal contra la inmigración ilegal y las amenazas a las llamadas ciudades santuario.
En una votación de 10 a 0, los miembros del consejo instruyeron al personal a informar sobre las políticas que exigirían a las empresas notificar a la ciudad sobre toda actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como informar a los trabajadores sobre sus derechos antes de posibles redadas.
Además, el consejo ordenó al personal municipal que identificara aproximadamente $540,000 para mantener los servicios legales de inmigración, lo que cubriría el déficit creado cuando la Administración Trump congeló dichos fondos.
Los miembros del consejo John Lee, Tim McOsker, Adrin Nazarian, Traci Park y Nithya Raman estuvieron ausentes durante la votación.
El Ayuntamiento aprobó otras dos mociones con una votación de 12 a 0. Estas mociones requirieron una acción por separado después de que las concejalas Mónica Rodríguez e Ysabel Jurado presentaran enmiendas. McOsker, Park y Raman estuvieron ausentes en esas votaciones.
Los miembros del consejo autorizaron al personal a comenzar a trabajar en la “Campaña Conozca sus Derechos” a nivel municipal, que se espera informe a los inmigrantes de Los Ángeles sobre las protecciones contra la discriminación, la política de santuario de la ciudad y otros recursos disponibles.
Inmigración al día
En su enmienda, Rodríguez solicitó que el Departamento de Policía de Los Ángeles informe sobre su proceso de gestión de las visas U. Estas visas están disponibles para inmigrantes víctimas de delitos como violencia doméstica y agresión sexual, entre otros. Se espera que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informe sobre cuántas visas se han emitido desde 2017, así como sobre los obstáculos que enfrentan las víctimas para obtenerlas.
Los miembros del consejo solicitaron un informe sobre las maneras de revisar el cumplimiento de la política de santuario de la ciudad, que prohíbe el uso de recursos y personal municipal para la aplicación de las leyes federales de inmigración.
La enmienda de Jurado solicitó un análisis de la Ley de Valores de California.
Específicamente, expresó su esperanza de que brinde orientación al LAPD, en respuesta a los informes de que agentes proporcionaron control de tráfico durante las redadas de ICE en el área de Pico Union.
La oficina de la alcaldesa Karen Bass y el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, informaron que el operativo en cuestión involucró a agentes federales que cumplían una orden judicial penal en una investigación de tráfico de personas.
McDonnell también reiteró su postura de que el Departamento de Policía de Los Ángeles no participa en la aplicación de la ley migratoria, una política vigente desde 1979.
Como parte de las acciones del miércoles, el consejo también aprobó una resolución que declara la postura de la ciudad a favor de que California aumente los fondos para la defensa contra la deportación de inmigrantes.
Tras la reunión del miércoles, el concejal Hugo Soto-Martínez, autor de las mociones junto con varios de sus colegas, agradeció a los departamentos de la ciudad y a los defensores de la inmigración que ayudaron a elaborar las propuestas.
"Estas mociones son importantes porque tenemos que utilizar todas las herramientas posibles para luchar, ya que no podemos normalizar estos problemas de derechos humanos", dijo Soto-Martínez.
El concejal criticó la ofensiva de la administración Trump contra la inmigración ilegal y criticó duramente algunas medidas federales recientes, como el envío de inmigrantes ilegales a prisiones en El Salvador y la Bahía de Guantánamo sin audiencias y la retirada de la representación legal a los niños indocumentados.
“Toda esta retórica sobre que esto se trata de criminales simplemente no es cierta”, dijo Soto-Martínez. “Se trata de familias y niños. No podemos ser amables con esta administración intentando apelar a sus mejores ángeles. Simplemente no existen”.
El Comité de Comercio, Viajes y Turismo del consejo aprobó el martes una moción independiente para brindar servicios legales sin fines de lucro en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, en preparación para una posible prohibición de viajes. El pleno del consejo votará sobre esta moción en una fecha futura.
En noviembre de 2024, el Ayuntamiento y la alcaldesa Karen Bass establecieron formalmente Los Ángeles como una “ciudad santuario”.
Si bien la ciudad ya contaba con ciertas políticas para evitar que los departamentos colaboraran con el ICE, la designación creó formalmente una política según la cual ningún personal ni recursos de la ciudad pueden ser utilizados para colaborar con las autoridades federales de inmigración sin una orden judicial. En su primera semana en el cargo, el presidente Donald
Trump emitió varias órdenes ejecutivas dirigidas a los inmigrantes indocumentados y a las ciudades santuario como Los Ángeles, Chicago y otras jurisdicciones lideradas por los demócratas, autorizando la aplicación de la ley por parte del ICE en escuelas e iglesias, entre otros lugares.
El presidente ha amenazado con recortar los fondos federales para las ciudades santuario si no contribuyen a la aplicación de la ley por parte del ICE.
Trump calificó previamente la inmigración ilegal como una invasión de nuestro país y prometió llevar a cabo sus planes de deportación sin importar el costo.
“No se trata de un precio”, declaró Trump a NBC News poco después de su elección. “No se trata de... realmente, no tenemos otra opción. Cuando la gente ha matado y asesinado, cuando los capos de la droga han destruido países y ahora van a regresar a esos países porque no se quedan aquí. No hay precio”.
Trump insistió en que los votantes, incluidos los latinos, apoyan su propuesta de inmigración legal únicamente.
“Quieren tener fronteras”, dijo Trump anteriormente. “Y les gusta que la gente venga, pero tienen que venir con amor por el país. Tienen que venir legalmente”.
