El concejo de Los Ángeles se dispone a adoptar este martes una ordenanza de "ciudad santuario" que prohibiría oficialmente que se utilicen recursos o personal de la ciudad para ayudar a la aplicación federal de las leyes de inmigración.
La semana pasada, la abogada de la ciudad, Hydee Feldstein Soto, en colaboración con la alcaldesa Karen Bass, publicó el borrador de la ordenanza, haciéndolo público por primera vez después de que se convocara hace más de un año.
Los miembros del concejo Hugo Soto-Martínez y Mónica Rodríguez, que presiden los comités de Derechos Civiles y Seguridad Pública del concejo, respectivamente, eximieron el asunto de sus jurisdicciones, acelerando la votación sobre el tema por parte del pleno del concejo.
La votación del martes se producirá dos semanas después de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales tras una campaña en la que hizo hincapié en la seguridad fronteriza y prometió deportar a las personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.
Cuando el concejo apruebe la ordenanza de santuario, probablemente comenzará una batalla con la administración entrante de Trump.
Los representantes de Trump no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
Inmigración
Con la toma de posesión de Trump el 20 de enero, las comunidades inmigrantes de Los Ángeles se están preparando para su prometida ofensiva contra los inmigrantes indocumentados.
Si bien la ciudad de Los Ángeles ha prohibido el uso de sus recursos para ayudar a las autoridades federales de inmigración en los últimos años, una ordenanza de santuario codificaría formalmente dicha política.
El exalcalde Eric Garcetti emitió una directiva ejecutiva en 2019 que ofrecía protecciones a los inmigrantes. Además, el Departamento de Policía de Los Ángeles ordena que sus oficiales no pregunten sobre el estatus migratorio ni realicen arrestos relacionados con el estatus legal de un migrante, como se describe en la Orden Especial 40.
En parte, la ordenanza de santuario propuesta consagraría tales protecciones en los libros de la ciudad.
La ordenanza también prohibiría “que cualquier recurso, propiedad o personal de la ciudad se utilice para cualquier aplicación de la ley migratoria federal”, así como la cooperación de la ciudad con las autoridades federales de inmigración en “la ejecución de sus deberes” en lo que respecta a la aplicación de la ley migratoria.
Jim McDonnell, el nuevo jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, ha dicho que el departamento no se involucrará en la aplicación de las leyes de inmigración. Se ha mantenido firme en esa posición.
“No estamos en ese negocio. No haremos ninguna de las cosas que preocupan a la gente recientemente. Y trabajaremos hacia adelante con un diálogo abierto con ... preocupaciones”, dijo McDonnell en la reciente ceremonia de su juramentación.
“Queremos escucharlas y queremos abordarlas rápidamente para que no comiencen los rumores, no veamos pánico en algunas de nuestras comunidades. Eso es lo último que queremos y necesitamos”.
La semana pasada, Tom Homan, que ha sido elegido para ser el nuevo “zar de la frontera” de Trump, dijo durante una aparición en “Fox & Friends” que “nada nos impedirá deportar a los criminales inmigrantes”.
Homan se refirió a las jurisdicciones santuario, utilizando la ciudad de Nueva York como ejemplo y señalando que “si no podemos obtener ayuda de la ciudad de Nueva York, es posible que tengamos que duplicar el número de agentes que enviamos a la ciudad de Nueva York. Porque vamos a hacer el trabajo con ustedes o sin ustedes”.
También sugirió que el presidente retenga la financiación federal a las jurisdicciones santuario.
Si bien los representantes de Trump no comentaron de inmediato sobre la posibilidad de que Los Ángeles apruebe una ordenanza santuario, Roxanne Hoge, directora de comunicaciones del Partido Republicano del Condado de Los Ángeles, criticó la semana pasada el concepto de ciudades y estados santuario.
“Un país sin fronteras seguras no es un país en absoluto”, dijo Hoge en una declaración. “Las protecciones que ofrecen no son para las abuelas que compran helado, son para las personas que han entrado al país ilegalmente y han cometido otros delitos.
“Ya sea conducir ebrio, robo, violencia sexual, agresión o asesinato, ninguno de ellos debería quedar impune”, añadió. “Los perpetradores definitivamente no deberían estar protegidos por la generosidad que se les quita a los contribuyentes que trabajan duro”.
