Tres miembros de una familia del sur de Los Ángeles fueron sentenciados a 10 años de libertad condicional por estafar a 73 inmigrantes al proporcionar servicios de inmigración ilegales, anunció este jueves la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles.
Judith Gil, Oscar Mauricio Gil y Minerva Gil fueron sentenciados el 15 de octubre por estafar a 73 inmigrantes al proporcionar servicios ilegales para obtener residencia o permisos de trabajo, indicaron las autoridades.
Entre el 1 de enero de 2008 y junio de 2021, los acusados robaron un total de $222,793 a 73 víctimas y conspiraron para brindar servicios de inmigración ilegalmente bajo el nombre comercial FJA and Associates.
Presentaron casos de asilo político inválidos para las víctimas, lo que resultó en que la mayoría fuera procesada sin saberlo para su deportación.
Además de la condena, deberán pagar una retribución de de $222,793 a las víctimas.
De acuerdo con la oficina del fiscal de distrito, Judith Gil y su hermano, Oscar Mauricio Gil, se declararon culpables de cuatro cargos de conspiración para cometer un delito, tres cargos de hurto mayor y un cargo de extorsión.
Inmigración
La sentencia Judith Gil incluye siete años de prisión estatal en custodia local suspendida, mientras que la de Oscar Mauricio Gil incluye cinco años de prisión estatal en custodia local suspendida.
Por otro lado, Minerva Gil, hija de Judith Gil, se declaró culpable de tres cargos de conspiración para cometer un delito y un cargo de hurto mayor. Su sentencia de 10 años de libertad condicional incluye tres años de prisión estatal en custodia local suspendida.
Los tres acusados tienen prohibido tener contacto con cualquiera de las 73 víctimas y brindar servicios legales, fiscales o profesionales a menos que tengan la licencia y la fianza correspondientes.
“La familia Gil se aprovechó de los angelinos inocentes, no solo robándoles su dinero y sus medios de vida, sino robándoles el sueño americano”, dijo el fiscal de distrito Gascón.
“Las víctimas involuntarias pagaban miles de dólares para buscar un camino hacia la residencia legal, y en cambio, la familia Gil proporcionó servicios legales fraudulentos que resultaron en deportaciones”.
