Como vicepresidente en 2012, Joe Biden se hizo querer por muchos estadounidenses LGBTQ al respaldar el matrimonio entre personas del mismo sexo, incluso antes que su entonces jefe, el presidente Barack Obama.
Ahora, como presidente electo, Biden está haciendo amplias promesas a activistas LGBTQ, proponiendo llevar a cabo prácticamente todas las propuestas importantes en sus listas de deseos.
Entre ellos: Levantar la prohibición casi total de la administración Trump del servicio militar para personas transgénero, prohibir a los contratistas federales la discriminación laboral anti-LGBTQ y crear puestos de alto nivel de derechos LGBTQ en el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional y otras agencias federales.
En muchos casos, las medidas revertirían las acciones ejecutivas del presidente Donald Trump, cuya administración tomó numerosas medidas para debilitar las protecciones para las personas transgénero y crear más margen para la discriminación contra las personas LGBTQ, aparentemente por motivos religiosos.
Más allá de las acciones ejecutivas que puede tomar unilateralmente, Biden dice que su principal prioridad legislativa para los asuntos LGBTQ es la Ley de Igualdad, aprobada por la Cámara de Representantes el año pasado pero estancada en el Senado.
Extendería a los 50 estados las protecciones integrales anti-sesgo que ya se otorgan a las personas LGBTQ en 21 estados en su mayoría gobernados por los demócratas, cubriendo sectores como la vivienda, los alojamientos públicos y los servicios públicos.
Biden dice que quiere que el proyecto se convierta en ley dentro de los 100 días de asumir el cargo, pero su futuro sigue siendo incierto. Suponiendo que el proyecto de ley se apruebe nuevamente en la Cámara, necesitaría el apoyo de varios republicanos en el Senado, incluso si los demócratas obtienen el control al ganar dos elecciones de segunda vuelta en Georgia. Por ahora, Susan Collins de Maine es la única copatrocinadora del Partido Republicano en el Senado.
Los críticos, incluidos destacados conservadores religiosos, dicen que el proyecto de ley plantea preocupaciones sobre la libertad religiosa y podría requerir que algunas organizaciones religiosas operen en contra de sus creencias.
La Ley de Igualdad "cambia las reglas del juego" en su potencial amenaza federal a la libertad religiosa, dijo el reverendo Albert Mohler, presidente del Seminario Teológico Bautista del Sur en Louisville, Kentucky.
El representante Chris Stewart, un republicano de Utah, trató de llegar a un compromiso el año pasado que habría expandido los derechos LGBTQ en todo el país al tiempo que permitiría exenciones para que los grupos religiosos actúen sobre creencias que podrían excluir a las personas LGBTQ.
Su propuesta ganó el apoyo de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero fue criticada por grupos liberales y de derechos civiles.
“Las fuerzas contrarias a la igualdad están tratando de utilizar el marco de la libertad religiosa para despojar a los derechos individuales”, dijo Alphonso David, presidente de Human Rights Campaign, una organización nacional de derechos LGBTQ.
Entre las acciones que Biden se compromete a tomar unilateralmente, la eliminación de la prohibición militar transgénero de Trump sería una de las más notables.
Algunas de las otras promesas de Biden:
- Nombrar una variedad de personas LGBTQ para puestos del gobierno federal. Existe una gran expectativa de que Biden nominará a una persona LGBTQ para un puesto en el Gabinete, con el excontendiente presidencial Pete Buttigieg.
- Revertir las políticas de la administración de Trump que establecen exenciones religiosas que permiten la discriminación contra las personas LGBTQ por parte de agencias de servicios sociales, proveedores de atención médica, agencias de adopción y cuidado de crianza y otras entidades.
- Restablecer las directrices de la administración de Obama que dirigen a las escuelas públicas a permitir que los estudiantes transgénero accedan a baños, vestuarios y equipos deportivos de acuerdo con su identidad de género. La administración Trump revocó esta guía.
- Asignar recursos federales para ayudar a reducir la violencia contra las personas transgénero, en particular las mujeres transgénero de color. Los grupos de derechos dicen que al menos 38 personas transgénero o no conformes al género han sido asesinadas en Estados Unidos este año.
- Apoyar los esfuerzos legislativos para prohibir la llamada terapia de conversión para menores LGBTQ.
- Reforzar los esfuerzos federales para recopilar datos completos sobre las personas LGBTQ en EEUU. Agregando preguntas sobre la orientación sexual y la identidad de género en las encuestas nacionales.
- Asegurarse de que los derechos LGBTQ sean una prioridad para la política exterior de Estados Unidos y estar preparado para usar tácticas de presión, incluidas sanciones, contra gobiernos extranjeros que violen esos derechos.
Pase lo que pase en Washington, a algunos activistas les preocupa que las legislaturas estatales controladas por los republicanos puedan impulsar proyectos de ley anti-LGBTQ, como restringir la capacidad de los jóvenes transgénero para acceder a ciertos tratamientos médicos o participar en deportes escolares. También les preocupa que una afluencia de jueces federales conservadores nombrados por Trump pueda conducir a fallos que permitan exenciones religiosas.
A principios de este mes, la Corte Suprema, ahora con una sólida mayoría conservadora, escuchó argumentos sobre si una agencia católica de servicios sociales en Filadelfia debería poder rechazar a las parejas del mismo sexo que quieren ser padres adoptivos, sin dejar de recibir fondos del gobierno local.
Tim Schultz, un defensor de la libertad religiosa, describió dos caminos potenciales para el debate sobre la Ley de Igualdad: "estancamiento legislativo en curso, guerra de trincheras regulatoria y decisiones judiciales, que sucederán independientemente de lo que haga el presidente", o el compromiso activo de Biden para nueva estrategia que puede ganar apoyo bipartidista en el Senado.
El primer camino proporcionaría sólo una "satisfacción temporal", dado que los futuros presidentes pueden deshacer los movimientos regulatorios, dijo Schultz, presidente de la Asociación sin fines de lucro de la Primera Enmienda.
Nathan Diament, director ejecutivo del Orthodox Union Advocacy Center, citó los llamamientos a la unidad de la campaña de Biden, y su compromiso con el alcance de la fe, como señales positivas para una mayor participación en el tema el próximo año.
"Él y su equipo estarán muy bien posicionados para negociar un compromiso si así lo desean, para lograrlo", dijo Diament, quien ha asesorado a las administraciones de Trump y Obama.
