Un par de agentes del alguacil del condado de Los Ángeles que resultaron gravemente heridos en un tiroteo en una emboscada cerca de un centro de tránsito de Compton demandaron a una empresa que, según afirman, fabricó y vendió partes de la “pistola fantasma” utilizada en el ataque.
Los agentes Claudia Apolinar y Emmanuel Perez-Perez sostienen en la demanda presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles que un “arma de fuego Polymer80 no serializada” utilizada en el tiroteo “se compró originalmente como un kit en California de Polymer80 o de uno de los distribuidores externos de Polymer80, que lo vendió sin realizar una verificación de antecedentes”.
Un representante de Polymer80, con sede en Nevada, dijo que la compañía no tenía comentarios inmediatos sobre la demanda.
Los agentes fueron baleados el 12 de septiembre de 2020, mientras estaban sentados en su camioneta patrulla estacionada fuera de un centro de tránsito en Compton. El tiroteo fue captado en un video de vigilancia de la estación, lo que provocó una persecución en todo el condado.
El sospechoso, Deonte Lee Murray, fue arrestado tres días después y las pruebas de balística presuntamente vincularon una pistola que desechó durante una persecución policial con el ataque a los agentes.
Murray, un delincuente convicto, tenía prohibido legalmente comprar o poseer un arma de fuego.
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“El tirador pudo cometer el tiroteo de emboscada de los agentes porque los actos deliberados e imprudentes (de Polymer80) crearon un mercado directo y secundario que previsiblemente proporcionó a personas con prohibición de portar armas, como el autor del hecho, un fácil acceso a armas fantasmas no serializadas ensambladas a partir de kits y compradas sin ningún tipo de verificación de antecedentes'', según la demanda de los agentes, que se presentó el lunes.
“Sobre la base de información y creencia, el tirador decidió disparar a los agentes con esta pistola fantasma Polymer80 en parte sustancial porque sabía que no estaba serializada y no se podía rastrear por medios normales''.
La demanda acusa a la empresa de violar las leyes de armas de fuego tanto federales como estatales. También indica que la empresa está bajo investigación federal por la venta de kits de armas.
