SANTA ANA, California - Un funcionario electo de alto rango del condado Orange, en el sur de California, se declaró culpable de asociación delictuosa para cometer sobornos en un plan de gran alcance que utilizó indebidamente fondos de ayuda por el COVID-19 que deberían haberse destinado para alimentar a los ancianos.
Andrew Do, un supervisor del condado que recientemente renunció a su puesto, presentó la declaración el jueves en un tribunal federal en Santa Ana, California, en virtud de un acuerdo con los fiscales federales.
Do, de 61 años, pidió disculpas a su familia y a las personas que dependían de él en una declaración que leyó en el tribunal.
"Siento un gran pesar por mis acciones", dijo.
Las autoridades afirmaron que Do aceptó más de $500,000 en sobornos mientras ayudaba a garantizar que los fondos federales de ayuda por el COVID- 19 se canalizaran a una organización que decía estar alimentando a personas mayores y discapacitadas.
El grupo, Viet America Society, donde la hija de Do, Rhiannon Do, figuraba como oficial, no gastó la mayor parte del dinero que recibió en proporcionar las comidas, indicaron las autoridades, que agregaron que algunos de los fondos se gastaron en bienes raíces.
El caso surge en una investigación de larga data sobre Viet America Society y mientras el condado de Orange, que alberga a más de tres millones de personas, presentó una demanda civil que afirma que el grupo hizo mal uso de fondos federales.
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Las autoridades federales dijeron que sólo el 15% de los más de $9 millones canalizados al grupo se destinó a proporcionar comidas. Las autoridades indicaron que el grupo también recibió $1 millón para un monumento local a la guerra de Vietnam, que aún no se ha completado.
En la investigación, las autoridades incautaron más de $2 millones. Las autoridades se negaron a decir de inmediato cómo se utilizó el resto del dinero recibido por el grupo.
"Esta es una investigación en curso", dijo a los periodistas el fiscal de distrito del condado de Orange, Todd Spitzer, después de la audiencia judicial del jueves. Spitzer agregó que las autoridades estaban comprometidas a recuperar los activos obtenidos en relación con el plan y devolver los fondos mal utilizados al gobierno federal.
Andrew Do llegó al país como refugiado vietnamita y creció en el condado de Orange antes de asistir a la universidad y a la facultad de Derecho. Luego se convirtió en fiscal y miembro del consejo municipal y más adelante ganó un puesto en la junta de supervisores del condado de Orange, compuesta por cinco personas, que representa a un grupo de comunidades, incluida Huntington Beach, una zona ideal para practicar surf.
Do, un republicano, recientemente renunció a la junta. Su mandato ya había llegado a su límite y su puesto se elegirá la semana próxima.
Está previsto que Do sea sentenciado el 31 de marzo.
Las autoridades han dicho que Rhiannon Do está cooperando con la investigación en virtud de un acuerdo con los fiscales y no será acusada.
