Las personas indocumentadas que sean liberadas de las cárceles no podrán ser transferidas a las autoridades de inmigración.
La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, en un raro acuerdo con el alguacil Alex Villanueva, votó el martes para prohibir permanentemente la cooperación con agentes federales para inmigrantes que carecen de una orden judicial para los reclusos liberados de la cárcel del condado.
Las supervisoras Hilda Solis y Sheila Kuehl fueron coautores de la moción que pide a sus colegas que prohíban el uso de recursos del condado de cualquier tipo para transferir personas a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) sin una orden judicial.
El voto de la junta convierte en permanente una moratoria a la cooperación establecida por Alex Villanueva en abril en respuesta a la crisis del COVID-19.
“Es el momento adecuado para poner fin a este canal entre la cárcel y la deportación'', dijo Solís. “Es inquietante escuchar sobre condiciones insalubres en los centros de detención debido a la incapacidad de ICE para mantener a los detenidos a salvo del COVID-19, y que muchos mueren después de la exposición al virus mientras están bajo custodia de ICE.
“También hemos escuchado historias de terror debido a solicitudes de retención de ICE problemáticas que piden el encarcelamiento de inmigrantes sin el debido proceso o causa probable ... '', dijo. “Tenemos la obligación moral y constitucional de dejar de transferir personas a la custodia de ICE durante esta pandemia y mucho después de que termine “.
Kuehl dijo que tenía sentido hacer de la prohibición una cuestión de política del condado que sobreviviría a la pandemia y al mandato de Villanueva.
“Esta moción asegura que ICE tendrá que presentar órdenes judiciales, firmadas por un juez, si tienen la intención de detener a las personas que serán liberadas de la cárcel, y fortalece la decisión del alguacil de instituir una moratoria sobre las transferencias de ICE sin una orden judicial'', dijo Kuehl.
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“Agrega un nivel adicional de escrutinio al proceso. Queremos limitar la cooperación de cualquier alguacil con ICE a lo que es legalmente obligatorio, y esto ayuda a que nuestra política sea hermética”.
Aunque Villanueva convirtió en permanente, el mes pasado, su moratoria de abril a la cooperación, sin la acción de la junta, solo se pudo hacer cumplir durante su administración. Antes de la votación, el alguacil calificó la moción como “un muy buen paso adelante”.
También señaló que el condado tendría que adaptarse a la necesidad del departamento de cooperar con ICE en visas U para víctimas de delitos que ayudan a la policía.
Los activistas aplaudieron la acción.
“Esto es verdaderamente histórico: el condado más grande de la nación, que sentó un precedente terrible al estar entre las primeras jurisdicciones en adoptar los devastadores programas de deportación del gobierno federal, ahora está liderando el camino al poner fin a las transferencias de ICE sin una orden judicial'', dijo. Héctor Villagra, director ejecutivo de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Sur de California.
“Es un testimonio de la perseverancia y tenacidad de la comunidad inmigrante en la lucha, durante una década y media, para proteger sus derechos ''.
Varios líderes sindicales dijeron que los derechos de los inmigrantes son derechos de los trabajadores.
“Con el Día del Trabajo acercándose, la acción histórica que está tomando la Junta de Supervisores para poner fin a las transferencias de ICE sin una orden judicial no es solo promover los derechos de todos los inmigrantes: también protege los derechos de los trabajadores inmigrantes'', dijo la copresidenta de UNITE-HERE Local 11, Ada Briceno.
Un veterano del ejército de los Estados Unidos que fue deportado dos veces después de servir a su país dijo que muchos compañeros veteranos creían erróneamente que habían obtenido la ciudadanía a través del servicio militar.
“Después del servicio, tuve problemas para adaptarme. Finalmente me encontré en la cárcel”.dijo Héctor Barajas a la junta.
“Después de cumplir unos tres años en prisión, en lugar de regresar a casa con mi familia, me entregaron a inmigración. En ese momento, todavía era titular de una tarjeta de residencia y no era ciudadano estadounidense. No me había naturalizado porque no obtuve información sobre el proceso o ayuda a través del ejército o en cualquier otro lugar. Pasé un año en detención migratoria sin abogado y me deportaron”.
