LOS ÁNGELES - Las autoridades de California llegaron a un acuerdo por $5.6 millones en el caso de una mujer a la que le hicieron una búsqueda ilegal en sus genitales, además de otras vejaciones, cuando iba a realizar una visita a su esposo en una prisión.
En una conferencia de prensa virtual este lunes, la víctima, Christina Cárdenas, a quien nunca le encontraron drogas en la requisa ocurrida en septiembre de 2019, dijo que nada recompensaba los abusos a los que fue sujeta hace cinco años y que su motivación al denunciar es enviar un fuerte mensaje a los oficiales de las correccionales sobre casos como el suyo.
Como parte del acuerdo, el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR, por sus siglas en inglés) tendrá que pagar $3.6 millones, mientras que la Institución Correccional de California (CCI, por sus siglas en inglés), desembolsará $2 millones.
Cárdenas aseguró que los derechos humanos de los visitantes de los prisioneros deben ser respetados. Estas personas no deben ser tratadas como "criminales", agregó.
La abogada Gloria Allred señaló en la rueda de prensa que se trata de ataques a una población "vulnerable" y que el caso sentará un precedente en el que los oficiales deben cumplir al pie de la letra lo que permite una orden de registro de un juez.
Los abogados señalaron que este caso no es el único, y denunciaron que varios oficiales y un médico de la correccional se extralimitaron con Cárdenas y la sometieron a un registro invasivo, ilegal y escandaloso. La inspección incluyó la penetración de los dedos del médico en su vagina y ano.
Los abogados narraron con detalles, paso a paso, el proceso en el que la hicieron despojarse de su ropa, le dijeron que se secara las lágrimas, se acurrucara y se pusiera en posiciones incómodas, incluso esposada.
Local
El acuerdo también ordena al CDCR la distribución de un memorando de políticas a todos los empleados para que los oficiales no se excedan en estos registros que están protegidos por la ley.
