Tres semanas después de la explosión tras el decomiso de pirotecnia ilegal el el sur de Los Ángeles se anuncia un fondo de ayuda de $1 millón de dólares.
El concejal Curren Price anunció un fondo de emergencia de $ 1 millón para ayudar a los residentes del sur de Los Ángeles afectados por la explosión destructiva de fuegos artificiales provocada por un escuadrón de bombas de LAPD.
Price dijo que el dinero provendrá de su oficina de Equidad Ambiental y Refiguración de Seguridad Pública, y proporcionará viviendas a largo plazo, reparaciones y asistencia financiera a los residentes cuyas casas fueron dañadas por la explosión ocurrida el 30 de junio.
“En primer lugar, nunca debería haber sucedido, y está claro que la ciudad tiene la culpa de esta explosión. Pero el daño y la destrucción están hechos, y ahora es el momento de restaurar a nuestras familias y reconstruir nuestra comunidad”, dijo Price.
La detonación envió a 17 residentes y socorristas al hospital, destruyó el camión del escuadrón de bombas, y dañó 22 residencias, 13 negocios y 37 vehículos. Desde la explosión, a las víctimas obligadas a evacuar sus hogares se les ha proporcionado acceso a una vivienda, y fondos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y tres comidas al día.
El concejal dijo que su fondo dará a los residentes desplazados vivienda de calidad a largo plazo, ayuda con las reparaciones del hogar, incluidas ventanas rotas, plomería y reparaciones estructurales, además de dar $ 10,000 sin subvenciones condicionadas a 25 hogares que han sido preidentificados como severamente impactados.
“Quiero asegurarme de que estamos haciendo todo lo posible, tan rápido como se puede, para restaurar a estas familias a un cierto sentido de normalidad. Nuestras familias necesitan ayuda ahora. No dentro de dos semanas, no dentro de dos meses, no dentro de dos años, se necesita ahora”, dijo.
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Price agregó que el Departamento de Policía de Los Ángeles no notificó a su oficina antes sobre la detonación de los explosivos. El jefe de LAPD, Michel Moore, dijo a La Comisión de Policía de Ángeles el martes que el departamento si había notificado a la oficina de Price.
“Lo he dicho antes y lo diré de nuevo, mi oficina no fue notificado de la detonación de este peligroso explosivo, y si hubiéramos sido notificados, hubiéramos dicho que no, al infierno que no, no pueden hacer esto aquí”, dijo Price.
Black Lives Matter-Los Ángeles y varias personas que participaron en la reunión en la Comisión de Policía vía telefónica del martes pidieron el despido de Moore y exigieron que la pagara todos los daños a los residentes afectados.
“No hay razón, no hay excusa, no hay justificación. No se detonan explosivos en un vecindario, y creemos, como muchos creen, que si este hubiera sido otro barrio, no un vecindario de negros y latinos de clase trabajadores el sur de Los Ángeles, no habrían detonado esos explosivos”, dijo Paula Minor de BLM-LA.
“Nos ponemos de pie, insistimos, decimos una y otra vez: El jefe Moore debe de salir”, añadió.
Según Moore, una investigación preliminar de la Oficina del El Equipo Nacional de Respuesta al Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos encontró que el escuadrón de bombas subestimó significativamente, según una evaluación visual, el peso de material explosivo que se estaba cargando en el camión para detonación.
El camión, que se había utilizado 41 veces en la última década, incluida tres detonaciones en junio, puede contener con seguridad la detonación de hasta 15 libras de materiales explosivos por uso repetido o hasta 25 libras para un solo uso que dejaría el camión fuera de servicio en el futuro.
Los técnicos de bombas siguieron los protocolos del departamento para limitar el manejo de artefactos explosivos y estimó que la cantidad total de material explosivo cargado en el camión pesaba 16.5 libras, dijo Moore. El Equipo Nacional de Respuesta señaló que la cantidad real del pesaje físico de los materiales encontrados era de 42 libras.
Price agregó el lunes que estaba "enfurecido '' por los hallazgos que el escuadrón de bombas probablemente sobrecargó el camión con explosivos, y llamó el error, “uno de los mayores errores cometidos por la Policía de Los Ángeles en la historia reciente que ha traicionado aún más la confianza de nuestra comunidad del sur de Los Ángeles”.
Moore insistió el lunes por la mañana en que los técnicos del escuadrón de bombas “operaban con las mejores intenciones” en una situación estresante. Pero dijo que si se cometieron errores al estimar el peso del material explosivo colocado en el camión. “Haré responsables a las personas apropiadas”, dijo.
Moore dijo que el escuadrón de bombas ya ha comenzado a implementar nuevos procedimientos como resultado de la explosión, incluida la presencia requerida de un mando oficial durante futuras detonaciones. El departamento buscará las mejores prácticas de otros departamentos para evaluar qué otros cambios deben realizarse.
El abogado de la ciudad, Mike Feuer, dijo el martes que su oficina ha recibido 56 reclamos contra la ciudad relacionados con la explosión, y los está abordando dentro de un día de su presentación.
El lunes por la tarde, la ciudad abrió un nuevo centro de recursos para ayudar residentes afectados en el YMCA localizado en la cuadra 1006 E. 28th St. y servirá como el lugar designado donde las víctimas pueden conectarse con una amplia gama de servicios, incluyendo oportunidades para presentar un reclamo, obtener referencias de salud y bienestar mental, así como otros servicios de apoyo. La oficina está abierta de lunes a viernes de 3 p.m. a 6 p.m.
El Equipo Nacional de Respuesta de la ATF respondió a la escena el 2 de julio y llevó a cabo una investigación de una semana. Formalizará una informe de “causa y origen” basado en su trabajo de campo, 40 entrevistas con testigos y personal, pruebas forenses y evaluación de daños y metraje de vigilancia. El informe luego será enviado al Centro Nacional de Entrenamiento e Investigación sobre Explosivos para revisión, y el LAPD espera tenerla en 30 días.
Las autoridades han dicho que se estaban produciendo alrededor de 32,000 libras de fuegos artificiales almacenados en una casa en la calle East 27th, donde se vendían.
El residente de la casa, Arturo Ceja III, de 27 años, fue acusado de transportar ilegalmente toneladas de explosivos. Está programado para ser procesado el 2 de agosto.
Los fiscales dijeron que Ceja compró la mayoría de los explosivos a un comerciante en Pahrump, Nevada.
