Un bufete de abogados de Los Ángeles demandó el lunes a casi 5,000 bancos y prestamistas en un esfuerzo por recuperar $3.85 mil millones supuestamente recaudados injustamente por las instituciones financieras como agentes administrativos durante la primera ronda de financiamiento de protección de pagos para pequeñas empresas.
Según la demanda, presentada en la corte federal de Los Ángeles por la firma de Geragos & Geragos, miles de instituciones financieras sirvieron como intermediarios entre el gobierno y las pequeñas empresas que buscan préstamos bajo la ley de alivio de coronavirus.
La demanda, que alega enriquecimiento injusto y prácticas comerciales injustas, le pide a un juez de la corte federal que decida que si un solicitante fue asistido por un agente de servicios financieros, ese agente tiene derecho a una parte de la tarifa de procesamiento.
Según la demanda, el Departamento del Tesoro de EEUU especificó que los honorarios del agente "se pagarán con los honorarios del prestamista. El prestamista pagará al agente. Los agentes no pueden cobrar honorarios al solicitante".
"Los demandados no cumplieron con la SBA o las Regulaciones del Tesoro en la distribución de fondos PPP (Paycheck Protection Program)", dice la demanda. "En cambio, los demandados retuvieron todos los honorarios del agente o declararon que solo pagarían al agente el 50% de los honorarios requeridos.
"Como resultado de la conducta de los acusados, los demandantes sufrieron daños financieros, perdieron injustamente la oportunidad de cobrar una indemnización durante tiempos económicos sin precedentes y, en general, perdieron oportunidades económicas para realizar negocios debido a la disminución del capital operativo".
La empresa está buscando el estado de una demanda colectiva. Entre los demandantes nombrados en los documentos judiciales se encuentran Citibank, Wells Fargo, Chase, Live Oak Banking Co., US Bank y Paypal Holdings Inc. La demanda fue presentada en nombre de la firma estadounidense de consultoría American Video Duplication con sede en Valley Village; la firma abogados de Tush Law en Santa Ana; y la firma de impuestos Cal State Financial con sede en Torrance.
