Una semana antes de que expiraran, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles extendió el miércoles por dos meses sus protecciones de inquilinos contra el desalojo para aquellos afectados por COVID-19, al tiempo que aprobó el establecimiento de un "fondo de ayuda" de $45 millones para pequeños propietarios que no han podido cobrar el alquiler a algunos inquilinos.
Las supervisoras Lindsey Horvath e Hilda Solís pidieron originalmente a sus colegas que extendieran las protecciones para inquilinos hasta junio. Esa extensión encontró oposición en la junta, especialmente de la presidenta de la junta, Janice Hahn, quien dijo que no apoyaría una extensión tan larga.
Hahn indicó que apoyaría un marco de tiempo más corto, lo que llevaría al compromiso del 31 de marzo.
Horvath dijo que la extensión era esencial para ayudar a los inquilinos que continúan afectados por la pandemia de COVID-19.
“Con la magnitud de las personas que todavía se enferman, siguen sin trabajo y continúan muriendo a causa de esta emergencia, es esencial que mantengamos a las personas atendidas en viviendas estables”, dijo en un comunicado después de la votación. “Las protecciones continuas y ampliadas son fundamentales tanto para los inquilinos como para los propietarios, y el costo y las consecuencias de no hacer nada serán terribles. Simplemente, no podemos darnos el lujo de abandonar a nuestros residentes más vulnerables que enfrentan estas crisis agravadas”.
La extensión fue recibida con enojo por parte de los propietarios que se dirigieron a la junta, muchos criticaron a los miembros por negarse a poner fin a las protecciones de los inquilinos que, según los propietarios, han llevado a algunos inquilinos a simplemente dejar de pagar el alquiler, en algunos casos durante años, sin que se brinde asistencia financiera a los propietarios.
Esa preocupación llevó a la supervisora Kathryn Barger a presentar una moción de enmienda para establecer un fondo de ayuda de $45 millones para pequeños propietarios.
“En algunos casos, extender las protecciones para inquilinos ha tenido un impacto negativo en los propietarios y no podemos continuar extendiendo las protecciones de emergencia para inquilinos a su costa”, dijo Barger en un comunicado.
“Escuché alto y claro de mis electores que son dueños de propiedades que luchan por hacer frente a sus propios pagos de servicios públicos, hipoteca y seguro de propiedad. No están exentos de cumplir con sus responsabilidades financieras, por lo que ya es hora de que también ofrezcamos ayuda a los pequeños propietarios. No podemos darles la espalda”.
La junta había dado instrucciones previamente al Departamento de Asuntos Comerciales y del Consumidor para diseñar un programa de asistencia para pequeños propietarios, y la agencia recomendó inicialmente un programa de $5 millones. La moción de Barger y la supervisora Holly Mitchell amplía ese programa a $45 millones, proporcionando asistencia de hasta $30,000 por unidad de alquiler.
Según la medida, los propietarios que reciben los fondos de ayuda deben acordar no desalojar a los inquilinos por falta de pago del alquiler.
Solís dijo que estaba decepcionada de que la junta no apoyara una extensión hasta junio, pero dijo que incluso el alivio a corto plazo es bienvenido.
“Todos reconocemos que la pandemia de COVID-19 interrumpió drásticamente a nuestras familias y nuestra economía, al tiempo que impactó desproporcionadamente a los más vulnerables. Con ese fin, debemos liderar con compasión para evitar que las personas se queden sin hogar”, dijo.
