Los demandantes buscan daños no especificados, así como el reembolso de los gastos del funeral y el entierro.
Los familiares de un pasajero de 23 años que fue acosado y apuñalado sin provocación a bordo de un tren de la Línea B (Roja) del Metro en el centro de Los Ángeles en 2023 están demandando a la Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles y a la ciudad de Los Ángeles por negligencia y muerte por negligencia.
El ataque ocurrió alrededor de las 5:20 p.m. del 7 de septiembre de 2023, cuando Randy Lamale Nash supuestamente se acercó a Jesse Michael Rodríguez, sacó un cuchillo y lo apuñaló en el pecho, según declaró anteriormente el Departamento de Policía de Los Ángeles.
Rodríguez murió más tarde en un hospital. Nash está acusado de asesinato, pero no es acusado en la demanda civil.
La demanda ante el Tribunal Superior de Los Ángeles fue interpuesta el jueves por la madre de Rodríguez, Katherine M. Rodríguez, de 72 años, y Edward Quezada, quien adoptó al difunto cuando el niño tenía 2 años.
Los demandantes buscan daños no especificados, así como el reembolso de los gastos del funeral y el entierro.
Un portavoz de Metro dijo el viernes que la agencia no hace comentarios sobre litigios pendientes.
La Oficina del Fiscal de la Ciudad no respondió a una solicitud de comentarios.
La demanda de la familia Rodríguez alega que Metro y la ciudad de Los Ángeles ya no estaban haciendo cumplir las leyes de merodeo en muchas estaciones de Metro, incluida la estación de Pershing Square donde ocurrió el apuñalamiento.
La práctica alentaba a los transeúntes y a los enfermos mentales a merodear o quedarse durante largos períodos en las estaciones y les permitía intimidar a los pasajeros, alega la demanda.
La demanda culpa a la ciudad y a Metro por supuestamente no tener suficientes agentes de seguridad y cámaras de vigilancia en las plataformas, así como más personal en los vagones de pasajeros.
El dinero originalmente asignado para mayor seguridad en el Metro fue desviado para permitir la contratación de embajadores de tránsito que no están suficientemente capacitados en la aplicación de la ley, afirma la demanda.
