Una familia que vive en una vivienda de alquiler subsidiado enfrenta desaloh=jo.
A solo días de la Navidad, la familia de Elva Flores enfrenta un posible desalojo del lugar que ha sido su hogar por casi 26 años.
La familia vive en una residencia subsidiada por el gobierno, por lo que están suplicando a las autoridades que no los deje en la calle. Esperan con la angustia que, en cualquier momento, llegue algún agente del alguacil y les entregue la orden de desalojo.
Los problemas financieros de la Elva Flores comenzaron cuando sus cuentas de electricidad se acumularon por varios meses, por lo que el monto llegó a ser impagable y le cortaron el servicio. Eso es considerado una falla al programa de subsidios que maneja la Autoridad de Vivienda Pública de Los Ángeles (HACLA) y un juez ya firmó la orden que los obliga a desocupar la vivienda.
Bill Przylucki, director de la organización Power LA, explica que este tipo de problema se están viendo desde 2016, fecha cuando las familias indocumentadas, como la de Flores, están pagando más de un 30 por ciento de sus ingresos en la renta de las casas que son subsidiadas por el gobierno. Esto puede convertirse en algo insostenible y dejarlos en la quiebra.
En el caso de Flores, al no tener suficiente dinero para pagar la luz se tradujo en quedar al borde de la indigencia ya que el contrato exige que se deben mantener los servicios públicos al día.
Telemundo 52 contacto a HACLA, quienes dijeron que, por privacidad y por tratarse de debates legales pendientes, no pueden dar detalles de qué sucederá con Flores, pero reafirmaron en un comunicado que, “desafortunadamente, sin entrar en los detalles específicos de este caso, las familias que no cumplen con los requerimientos del programa se enfrentan a un posible desalojo”.
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Esta no es cabe destacar que no es la primera vez Flores ha tenido orden de desalojo, algo que podría haber influido negativamente en su caso. El ingreso de la señora Flores y su familia según afirman, no llega a los 700 dólares al mes. Sin embargo, ellos pagan la mitad o 357 dólares en renta en una vivienda que es para personas de bajos recursos.
