La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles negó el viernes que se le haya pedido considerar presentar cargos penales por el robo y asesinato del oficial de policía de Los Ángeles fuera de servicio Fernando Arroyos, quien fue asesinado durante un tiroteo con presuntos pandilleros el lunes en un vecindario del sur de Los Ángeles.
La Oficina del Fiscal de Distrito dijo en a través de correo electrónico que nunca fue consultada sobre posibles cargos penales antes de que el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, que investigó el asesinato, presentó su evidencia a la Oficina del Fiscal Federal, que anunció el jueves que las cuatro personas arrestadas en el caso enfrentarían cargos federales y acusaciones de extorsión que podrían conducir a la pena de muerte.
“Se nos indicó que el caso fue remitido a las autoridades federales, quienes presentaron cargos. Como tal, no tuvimos la oportunidad de revisar el caso”, dijo Alex Bastian, asesor especial del fiscal de distrito George Gascón.
Múltiples fuentes policiales cuestionaron el relato del fiscal de distrito y le dijeron al equipo de NBC4 ITeam que, si bien es posible que no haya habido una presentación formal de evidencia, hubo numerosas discusiones a principios de esta semana entre los investigadores y el personal de la oficina del fiscal de distrito sobre los hechos del caso y los posibles cargos involucrados.
"Bueno, definitivamente tuvimos conversaciones con el fiscal local. Y su respuesta no fue satisfactoria para la gravedad de la situación", dijo el alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, a los periodistas en una conferencia de prensa el jueves por la noche.
Villanueva dijo que sus detectives optaron por llevar el caso a los fiscales federales porque el fiscal del distrito se negaría a presentar ciertas mejoras bajo la ley de California que elevarían la severidad del castigo para cualquier persona condenada por el asesinato.
La oficina del fiscal del condado de Los Ángeles tiene una unidad dedicada a investigar y enjuiciar los ataques a las fuerzas del orden público, llamada "CAPOS", o Delitos contra agentes de policía.
La unidad envió a dos de sus fiscales a la escena del asesinato de Arroyos, y los miembros de la unidad participaron en discusiones el martes y el miércoles sobre la recopilación de las pruebas necesarias para presentar cargos penales estatales, dijeron las fuentes a NBCLA.
Al asumir el cargo hace un año, Gascón instituyó una variedad de reformas destinadas a reducir muchas sanciones penales, incluidas órdenes generales que prohibían a los fiscales presentar la mayoría de las sentencias mejoradas, lo que puede ampliar el tiempo en prisión cuando los delitos involucran pandillas, armas, delincuentes reincidentes o categorías especiales de víctimas
“Creo que su plan era simplemente enjuiciar un simple asesinato sin mejoras de armas, sin mejoras de pandillas, nada. Y eso realmente no cubrió la depravación de este crimen”, dijo Villanueva.
Arroyos murió en el Centro Médico St. Francis después de que le dispararan el lunes por la noche en la cuadra 1700 de E. 87th Street mientras buscaba una casa en venta con su novia.
La denuncia penal federal presentada el jueves acusó a tres hombres y una mujer de participar en el robo y asesinato de Arroyos en apoyo de "Florencia 13", una pandilla callejera multigeneracional que anteriormente fue objeto de investigaciones federales contra el crimen organizado.
