La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó una ordenanza que los protegerá de este tipo de situaciones.
La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles está dando los toques finales a una ordenanza que extenderá un programa que brinda representación legal gratuita a inquilinos de bajos ingresos en áreas no incorporadas que enfrentan desalojo.
La propuesta del programa, que volverá a la junta el próximo mes para una votación final, entrará en vigor el 1 de enero y ampliará el programa Stay Housed LA existente, una asociación entre el condado, la ciudad de Los Ángeles y otras organizaciones comunitarias y proveedores de servicios legales para brindar a los inquilinos una defensa contra el desalojo.
Según el Departamento de Asuntos Comerciales y del Consumidor del condado, el programa Stay Housed había ayudado a más de 3500 hogares inquilinos a finales de 2023.
“DCBA proyecta que sólo dentro de este año fiscal, más de 15,000 residentes dentro del condado que viven en comunidades y ciudades no incorporadas, aparte de la ciudad de Los Ángeles, buscarán los servicios de Stay Housed L.A.”, según un comunicado de la agencia.
En abril de 2023, el Departamento de Asuntos del Consumidor y Empresas presentó un informe que describe un marco para hacer permanente el programa Stay House LA.
En julio del año pasado, la Junta de Supervisores aprobó una moción de las supervisoras Holly Mitchell e Hilda Solis ordenando a la DCBA que reevaluara y actualizara el marco inicial para el programa de derecho a un abogado.
El programa ampliado estará disponible para inquilinos que hayan recibido un aviso de desalojo y cuyo ingreso familiar sea inferior al 80% del ingreso medio del área.
Mitchell dijo que la ordenanza apoyará la equidad, señalando que las comunidades negras y latinas enfrentan una gran cantidad de avisos de desalojo y que el programa de derecho a un abogado “es parte de una visión más amplia para lograr el acceso universal a la representación legal para todos los angelinos en casos tanto civiles como penales donde los residentes de Los Ángeles, independientemente de sus ingresos, tendrán la posibilidad de acceder a servicios legales asequibles”.
"Una vez que la ordenanza entre en vigor, será un recurso importante para brindar representación legal a los inquilinos en el tribunal de desalojo", dijo Mitchell en una declaración después de la votación
“Estoy orgullosa de haber sido el autor de la moción con la Supervisora Solís para crear esta ordenanza y espero con ansias la votación del próximo mes para aprobarla oficialmente”.
La ordenanza también exige esfuerzos de divulgación y educación, y los propietarios deben notificar a los inquilinos sobre la disponibilidad del programa. El aviso del programa también debe publicarse en las propiedades de alquiler. Las violaciones de cualquiera de los requisitos se considerarían un delito menor punible con una multa de hasta $800 o seis meses de cárcel, o ambas.
El programa se financiará principalmente con dólares de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense hasta el final del año fiscal 2024-25. Pero continuar el programa más allá de eso requerirá que el condado aporte $24,5 millones.
La supervisora Kathryn Barger expresó su preocupación por la incertidumbre de la financiación futura. La directora ejecutiva del condado, Fesia Davenport, señaló que el programa contaba con financiación hasta el final del año fiscal actual, el 30 de junio de 2025.
“Más allá de 2025, esto calificaría para los dólares de la Medida H como posible respaldo, por lo que básicamente sería una decisión política de la junta”, dijo Davenport, refiriéndose al impuesto a las ventas del condado contra las personas sin hogar.
Davenport dijo que su oficina trabajaría con DCBA para buscar financiamiento para el programa continuo, y señaló que los costos seguramente aumentarán con el tiempo.
Mitchell citó datos de DCBA de que desde mayo de 2022, "Stay Housed LA ha facilitado más de 1.800 casos legales de alcance completo para los residentes del condado que viven fuera de la ciudad de Los Ángeles".
Casi el 97% de estos han resultado en que los inquilinos (se queden) en su casa o en un acuerdo favorable para mudarse a un nuevo lugar. Estos datos demuestran el importante impacto de este programa para los residentes de nuestro condado”.
Solís dijo que el condado estaba “en el camino correcto”.
También citando cifras de la DCBA, Solís dijo que aproximadamente 10,200 hogares recibieron avisos de desalojo el año pasado y que el 90% de los inquilinos se enfrentan a detenciones ilegales sin representación. Dijo que el programa apoyaría potencialmente a 9.000 personas.
Mitchell dijo que el condado también está trabajando en esfuerzos para ayudar a los pequeños propietarios. Dijo que aún está pendiente un informe del Departamento de Oportunidades Económicas con recomendaciones para apoyar a dichos propietarios.
“Como lo comentamos el verano pasado, sigo escuchando de pequeños propietarios de mi distrito, muchos de los cuales son negros y morenos, que las leyes de vivienda del condado son complejas de manejar para ellos, tanto para los pequeños propietarios familiares , así como a los inquilinos por igual."
Kelly Lobianco, directora del DEO, dijo que se espera que el informe esté terminado a finales de mes.
