En una rara reacción contra el gobernador Newsom, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles declaró el martes que las cárceles del condado no se utilizarán para albergar a las personas que fueron expulsadas de sus campamentos.
La junta aprobó una moción el martes, afirmando que las personas en campamentos no pueden ser llevadas a las cárceles del condado.
"El solo hecho de barrer a las personas de las calles, de las aceras y ponerlas en la cárcel no va a resolver este problema", dijo la supervisora Hilda Solis.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ya había condenado la decisión de Newsom la semana pasada, diciendo que eliminar los refugios improvisados criminalizaría a las personas sin hogar sin abordar de manera efectiva la crisis de las personas sin hogar.
Con el testimonio de apoyo del sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, y el jefe de la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar, el condado sostuvo que su enfoque de atención primero, priorizando los servicios, estaba funcionando.
La supervisora Kathryn Barger cree que, si bien apoya la directiva de Newsom de desalojar los campamentos, no cree que la infraestructura del condado esté lista para manejar lo que podría venir después.
“¿Qué se necesitará para desarrollar la capacidad para abordar realmente la situación de los campamentos? Y no tenemos una respuesta”, dijo Barger. “Y la pregunta es ¿cuánto va a costar? No tenemos una respuesta”.
La orden ejecutiva de Newsom requiere que las agencias estatales, como el departamento de Parques Estatales de California, prioricen la limpieza de los campamentos que presentan los mayores riesgos de seguridad, incluidos los que se encuentran debajo de las autopistas del sur de California.
Se supone que la directiva debe notificar a quienes viven en refugios temporales y conectarlos con proveedores de servicios que puedan ayudarlos a almacenar sus pertenencias durante al menos 60 días.
