El exconcejal de Los Ángeles, José Huízar, se entregó este lunes a la Oficina de Prisiones de Estados Unidos para comenzar su sentencia de 13 años de prisión por aceptar sobornos de los promotores inmobiliarios del centro de la ciudad y hacer trampa en sus impuestos.
"José Luis Huizar se encuentra actualmente bajo la custodia de la Oficina Federal de Prisiones (FBOP) en la Institución Correccional Federal (FCI) Lompoc II", dijo la Oficina Federal de Prisiones el lunes.
A Huízar se le había ordenado previamente que se entregara el 30 de agosto, pero se le concedió una prórroga de cinco semanas por “buena causa”.
Los documentos presentados en un tribunal federal muestran que Huízar basó su solicitud de prórroga en “un evento nuevo, inesperado y extraordinario”, aparentemente relacionado con razones médicas no reveladas.
El gobierno no se opuso, según muestran los documentos.
Huízar, de 56 años, se declaró culpable en enero de 2023 de los cargos de delito grave de conspiración para violar la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO) y evasión fiscal.
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Junto con la pena de 13 años de prisión, Huízar recibió la orden de pagar casi $444,000 en restitución a la ciudad de Los Ángeles y casi $39,000 al Servicio de Impuestos Internos (IRS).
Un expediente judicial firmado por el juez en febrero indica que Huízar pagó la última cantidad en su totalidad.
Hasta el lunes por la mañana, Huízar todavía no figuraba en el localizador de reclusos en línea de la BOP. Su abogado se negó a hacer comentarios.
El coacusado de Huízar, el exvicealcalde de Los Ángeles Raymond Chan, fue sentenciado el viernes a 12 años de prisión federal por actuar como intermediario en el plan de pago por participación de Huízar por $1,5 millones del Ayuntamiento con los promotores inmobiliarios del centro de la ciudad.
Chan, de 68 años, de Monterey Park, fue condenado en marzo por un jurado en el tribunal federal de Los Ángeles por una docena de delitos graves: un cargo de conspiración para violar la Ley RICO, siete cargos de fraude electrónico de servicios honestos, tres cargos de soborno y un cargo de hacer declaraciones falsas a una agencia del gobierno federal.
El juez de distrito de Estados Unidos, John Walter, le ordenó pagar $752,457 en restitución a la ciudad de Los Ángeles y entregarse a la BOP a más tardar el 6 de enero para comenzar su sentencia.
Huízar representó al Distrito 14 del Consejo, que incluye el centro de Los Ángeles y sus comunidades circundantes, desde 2005 hasta su renuncia en 2020. Según sus abogados, Huízar fue “un evangelista del desarrollo sólido” en los esfuerzos por garantizar que Los Ángeles fuera digna de una “ciudad de clase mundial”.
Huízar admitió operar un esquema de pago por juego en el que él y otros usaron ilegalmente su cargo para dar un trato favorable a los constructores inmobiliarios que financiaron y facilitaron sobornos en efectivo, donaciones de campaña y otros beneficios ilícitos.
Los fiscales federales dijeron que Huízar monetizó su posición y aprovechó su influencia política para obtener más de $1.5 millones en sobornos en efectivo, fichas de juego, viajes de lujo, contribuciones políticas, prostitutas, comidas extravagantes, servicios, conciertos y otros obsequios.
“Si alguien se atrevía a rechazar su llamado a pagar sobornos, él los castigaba a ellos y a sus proyectos de la ciudad, amenazando a los desarrolladores con proyectos retrasados indefinidamente y peligro financiero”, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.
Chan actuó como intermediario que orquestó los sobornos a Huízar de los constructores, llenándose los bolsillos con al menos $750,000 en el proceso. Una carta al tribunal de la Oficina del Fiscal de la Ciudad decía que “el daño a la reputación que el Sr. Chan causó (al gobierno local) es profundo y no es fácil de superar”.
Los fiscales federales dijeron que si bien Huízar “puede haber sido la cara del esquema de pago por juego, (Chan) fue el cerebro que ideó algunos de los aspectos más sofisticados” de la conspiración.
Por ejemplo, Chan organizó lo que los fiscales llamaron “el pago de soborno más grande obtenido en el esquema”: la canalización secreta de $600,000 de un constructor inmobiliario multimillonario que Huízar utilizó para resolver de manera confidencial una demanda pendiente por acoso sexual de un exmiembro del personal. Según los documentos judiciales, el soborno, estructurado por Chan, “estaba envuelto en capas de ocultamiento”.
El constructor inmobiliario, Wei Huang, también fue acusado en el caso, pero se lo considera un fugitivo que se cree que está en China.
Chan trabajó para la ciudad durante más de tres décadas, gran parte de ellas en el Departamento de Construcción y Seguridad, donde se convirtió en gerente general. En 2016, fue contratado por el entonces alcalde Eric Garcetti para desempeñarse como vicealcalde de desarrollo económico, supervisando el Departamento de Planificación, Construcción y Seguridad y otras agencias de la ciudad.
Los miembros y asociados del plan incluían cabilderos, consultores y otros funcionarios y empleados de la ciudad, que buscaban enriquecerse personalmente a sí mismos y a sus familias y asociados a cambio de actos oficiales.
Entre ellos se encontraban George Esparza, exasistente especial de Huízar, el consultor de desarrollo inmobiliario George Chiang, el recaudador de fondos políticos Justin Jangwoo Kim y el cabildero Morrie Goldman, entre otros.
Todos se declararon culpables y aceptaron cooperar con la investigación del gobierno. Antes de que Huízar se declarara culpable de los cargos federales, él y Chan debían ir a juicio juntos.
El año pasado, el primer juicio de Chan fue declarado nulo debido a una emergencia médica de un abogado defensor.
