Los propietarios de propiedades en Los Ángeles podrían enfrentar pronto un aumento del 22% en sus facturas de servicio de alcantarillado, ya que el Ayuntamiento aprobó este viernes, en forma preliminar, las nuevas tarifas que aumentarían aún más hasta 2028.
Los miembros del consejo votaron 11-3 a favor de una ordenanza que tiene como objetivo establecer un nuevo programa de tarifas para los servicios de alcantarillado, que según los funcionarios es necesario para mantener las operaciones e invertir en infraestructura envejecida.
Antes de esta propuesta, la ciudad no había aumentado las tarifas de alcantarillado desde 2020, optando por mantener las tarifas sin cambios debido a la pandemia de coronavirus.
Los miembros del consejo Monica Rodríguez, Kevin de León y Heather Hutt votaron en contra del aumento, mientras que Traci Park estuvo ausente durante la votación.
Con el cambio de tarifa propuesto, los hogares recibirían un aumento del 22% en las tarifas del servicio de alcantarillado en octubre, seguido de aumentos porcentuales más pequeños hasta julio de 2028. Los contribuyentes terminarían gastando casi el doble en comparación con las tarifas actuales.
Una vivienda unifamiliar paga actualmente $75,40, pero si se aprueba el programa de tarifas, se cobraría $92,04 en su factura bimestral típica. Para julio de 2028, el cargo sería de $155,48, aunque las tarifas se basan en un porcentaje de la cantidad de agua utilizada, según la oficina de saneamiento de la ciudad.
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A partir del año fiscal 2024-25, casi un tercio de las tuberías tendrán más de 90 años, más allá de su ciclo de vida de 60 a 80 años, mientras que las plantas de tratamiento tienen un ciclo de vida promedio esperado de 30 a 50 años, escribió Bárbara Romero, gerente general de la oficina de saneamiento, en un informe al Ayuntamiento el 2 de mayo.
La planta de recuperación de agua Hyperion de la ciudad, una instalación de tratamiento de aguas residuales en Playa del Rey, fue sometida por última vez a una reforma importante hace casi 40 años. El 20 de agosto, el Ayuntamiento aprobó $20,8 millones para pagar las multas como resultado de un derrame de aguas residuales en 2021 que liberó 12,5 millones de galones de aguas residuales sin tratar, que se descargaron en la bahía de Santa Mónica.
Romero señaló que en los próximos cinco años habrá cientos de proyectos de infraestructura, estimados en más de $3 mil millones, como rehabilitación de tuberías, plantas de recuperación de agua y monitoreo de la calidad del agua.
Para efectuar el cambio de tarifa, los funcionarios se basaron en la Propuesta 218, también conocida como la Ley de Derecho a Votar sobre Impuestos, que protege a los contribuyentes al limitar los métodos por los cuales los gobiernos locales pueden crear o aumentar impuestos, tarifas y cargos sin el consentimiento de los contribuyentes. La propuesta exige que la ciudad notifique a los propietarios, así como que cumpla con los requisitos de audiencia pública y protesta.
Los propietarios tenían hasta el martes para presentar una protesta por escrito si se oponían a los aumentos de tarifas propuestos. La ciudad también envió avisos por correo sobre los posibles aumentos de tarifas de alcantarillado a las partes interesadas. Además, la oficina organizó dos seminarios web informativos durante el verano.
Si más de la mitad de los propietarios de propiedades hubieran presentado protestas contra la propuesta, no habrían podido seguir adelante.
El miércoles, en una audiencia pública sobre las tarifas propuestas, unas 25 personas hicieron comentarios públicos al Ayuntamiento y otras 10 también llamaron por teleconferencia.
Simboa Wright, vicepresidente de SEIU Local 721, que también es operador de transporte de aguas residuales de saneamiento para la ciudad, fue una de las cinco personas que apoyaron las tarifas. Dijo que los aumentos propuestos tienen como objetivo proteger a los ciudadanos.
“No queremos que las aguas residuales regresen a las propiedades de las personas. No queremos que las alcantarillas se desborden y vayan al océano” dijo Wright. “Si no cuidamos esta infraestructura de 80 años, eso es lo que sucederá”.
Charley Mims, director ejecutivo de la Asociación de Gerentes Profesionales de Los Ángeles, también apoyó las tarifas propuestas, diciendo que era una cuestión de ayudar a mantener el medio ambiente de la Bahía de Santa Mónica. Dory Frank, residente del distrito de Fairfax, describió el aumento de la tarifa del 22% como “excesivo”. Criticó a la ciudad por su mediocre esfuerzo para informar a los propietarios de viviendas sobre el impacto en sus facturas de impuestos.
Tess Taylor, presidenta del Consejo Vecinal del Gran Toluca Lake, también expresó su frustración con el manejo del aumento de la tarifa por parte de la ciudad.
“La forma en que se ha manipulado este aumento de la tarifa prácticamente garantiza su adopción por parte de este gobierno como un servicio público monopólico en gran medida no regulado... Un estándar según el cual se aprobará un aumento de tarifa propuesto a menos que una mayoría de los contribuyentes presenten una protesta por escrito en el momento oportuno es completamente retrógrado, contraintuitivo y debería ser inaceptable para usted como lo es para los contribuyentes”, dijo Taylor.
