La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles declaró el martes una emergencia local por el centro de detención juvenil Los Padrinos en Downey.
La declaración ordena a los abogados y al personal que busquen todos los recursos para mantener abierto el centro, desafiando la orden de cierre del estado. La proclamación presentada por las supervisoras Kathryn Barger e Hilda Solis también exige una serie de acciones destinadas a reforzar la dotación de personal en el centro, sosteniendo que la falta de personal es la raíz de los problemas del centro.
La declaración de emergencia originalmente pedía que los abogados del condado tomaran todas las medidas necesarias para evitar que los jóvenes detenidos fueran liberados del centro debido a la orden de cierre del estado. Pero se modificó para instruir al Departamento de Libertad Condicional que examine opciones de detención alternativas para los detenidos jóvenes acusados de delitos menores y no violentos, incluida la liberación a instalaciones comunitarias de transición o a sus hogares con la supervisión adecuada.
El Centro de Detención Juvenil Los Padrinos ha estado plagado de problemas operativos desde que se reabrió apresuradamente el año pasado para albergar a detenidos reubicados desde el Centro de Detención Juvenil Central en Boyle Heights y el Centro de Detención Juvenil Barry J. Nidorf en Sylmar, ambos centros que fueron cerrados por orden del estado.
Desde que reabrió, Los Padrinos ha sufrido escasez de personal, acusaciones de violencia entre detenidos (a veces mientras los oficiales de libertad condicional supuestamente se mantenían al margen sin intervenir) e intentos de fuga.
En octubre, la Junta de Correcciones Estatales y Comunitarias, que supervisa los centros de detención, consideró que Los Padrinos no era adecuado para albergar a jóvenes y le dio al condado una fecha límite del 12 de diciembre para corregir las deficiencias de personal o cerrar la instalación. Una reciente inspección de seguimiento realizada por la BSCC determinó que los problemas persistían y que la fecha límite de cierre seguía vigente.
Sin embargo, el condado, al no contar con ninguna otra instalación viable para albergar a los jóvenes detenidos, ha seguido operando la instalación.
