CALIFORNIA - Un juez rechazó este martes una petición para una nueva sentencia por parte de la madre de Gabriel Fernández, de 8 años, quien fue golpeado con frecuencia, obligado a dormir en un armario y torturado hasta su muerte hace ocho años.
Pearl Fernández, ahora de 37 años, fue sentenciada en marzo de 2018 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por la muerte de su hijo en mayo de 2013, luego de declararse culpable de un cargo de asesinato en primer grado.
Sin embargo, afirmó en una petición del 1 de abril que ahora no podía ser condenada por asesinato en primer grado o asesinato en segundo grado debido a cambios recientes realizados en la ley estatal que afectan a los acusados en algunos casos de asesinato.
Su novio, Isauro Aguirre, de 40 años, fue condenado a muerte. Su apelación automática ante la Corte Suprema de California está pendiente.
El juez de la Corte Superior de Los Ángeles, George G. Lomeli, dijo que revisó cuidadosamente la petición de Fernández para una nueva sentencia junto con el expediente general del caso y concluyó que ella “no tiene derecho a una nueva sentencia”.
En la sentencia de marzo de 2018 para Fernández y Aguirre, el juez calificó el caso como “sin duda el caso de tortura más agravado y atroz que este tribunal haya presenciado”.
“Se puede decir que la conducta fue animal, pero eso estaría mal porque incluso los animales saben cómo cuidar a sus crías... Va más allá de lo animal'', dijo Lomeli entonces, y señaló que esperaba que los dos acusados se despertaran en medio de la noche pensando en lo que le habían hecho al chico.
Al negar una moción automática para reducir la recomendación del jurado de una sentencia de muerte para Aguirre a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, el juez citó las” repetidas golpizas, ataduras, quemaduras y hambrunas" del joven.
En una breve declaración poco antes de ser sentenciada, la madre del niño dijo: “Quiero decirle a mi familia que lo siento por lo que hice... desearía que Gabriel estuviera vivo. Todos los días deseo haber tomado mejores decisiones”.
Durante el juicio de Aguirre, los fiscales dijeron a los miembros del jurado que al niño lo golpeaban de forma rutinaria, le disparaban con una pistola de aire comprimido, lo obligaban a comer heces de gato y dormía dentro de un pequeño armario mientras estaba amordazado y atado.
El fiscal adjunto Jonathan Hatami se refirio a Aguirre un hombre “malvado” al que “le gustaba torturar” al niño y lo hizo de manera sistemática en los meses previos a la muerte del niño. Aguirre odiaba a Gabriel porque pensaba que el niño era gay, según el fiscal.
El niño tenía 7 años cuando comenzó el abuso y fue asesinado tres meses después de cumplir 8 años.
El personal del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles fue a la casa de la familia en la cuadra 200 de East Avenue Q-10 en Palmdale el 22 de mayo de 2013, en respuesta a una llamada de que Gabriel no respiraba. Ese día fue declarado con muerte cerebral y dos días después le retiraron el soporte vital.
Uno de los abogados de Aguirre, Michael Sklar, sostuvo que Fernández fue quien golpeó al niño con un cinturón, le disparó con una pistola de aire comprimido y fue responsable de gran parte del abuso antes de su muerte.
“Creo que ambos se señalaron con el dedo, lo que a veces sucede en casos de coacusados”, respondió Hatami después de la declaración de Fernández. “La evidencia se mostró y nuestra oficina creyó que ambos eran igualmente culpables en el caso, y creo que la evidencia lo demostró”.
El juez estuvo de acuerdo y dijo en 2018 que la evidencia indicaba que Aguirre era un “participante importante”.
La muerte del niño y los arrestos de Fernández y Aguirre provocaron una protesta por el manejo del caso por parte de los trabajadores sociales del condado de Los Ángeles, quienes tenían múltiples contactos con la familia.
Una investigación posterior dio lugar a la presentación de cargos penales contra dos extrabajadores sociales y sus dos supervisores.
Pero ese caso fue posteriormente desestimado después de que un panel de la Corte de Apelaciones estatal determinó que los cuatro “nunca tuvieron el deber requerido de controlar a los abusadores y no tenían el cuidado o la custodia de Gabriel” a los efectos del cargo de abuso infantil que se les imputa, y eran “no oficiales” en el sentido de la sección del Código de Gobierno que involucra la falsificación de registros públicos.
