El Ayuntamiento aprobó este martes una propuesta que establecería un programa de derecho a un abogado, que brindaría defensa legal a los inquilinos que enfrentan un desalojo. Dinorah Pérez reporta para Telemundo 52 a las 6 p.m. el 1 de abril de 2025.
El Ayuntamiento aprobó este martes una propuesta que establecería un programa de derecho a un abogado, que brindaría defensa legal a los inquilinos que enfrentan un desalojo.
Bajo el programa, los inquilinos que enfrentan un proceso de desalojo deberán cumplir con los siguientes criterios:
- Residir en la ciudad de Los Ángeles
- Ganar igual o menos del 80% de la mediana de ingresos del área metropolitana de Los Ángeles, según lo determinado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, al momento de la solicitud de abogado; y
- No vivir en la vivienda como su arrendador.
Según el borrador de la ordenanza, los inquilinos tendrían 30 días para solicitar asistencia legal después de recibir una notificación de desalojo o el inicio de los procedimientos contemplados.
Además, los inquilinos que soliciten asistencia en una demanda de retención ilícita estarán representados hasta que se retire la demanda, se desestime el caso o se dicte sentencia en el caso o cualquier moción posterior a la sentencia.
La propuesta también exigiría a los propietarios informar a los inquilinos sobre sus derechos y el programa de derecho a un abogado. La información estaría disponible en varios idiomas.
Se espera que miembros de Acciones Estratégicas para una Economía Justa (SAGE) y otros defensores de la vivienda se concentren en el Ayuntamiento el martes por la mañana para apoyar la ordenanza municipal sobre el derecho a un abogado.
Local
En 2023, un grupo de concejales —Nithya Raman, Bob Blumenfield, Hugo Soto-Martínez, Heather Hutt, Eunisses Hernández y Katy Yaroslavsky— presentó una moción solicitando dicho programa para ampliar las protecciones para los inquilinos.
Ciudades como San Francisco, Nueva York y Filadelfia tienen políticas similares.
En 2017, cuando Nueva York aprobó la ley de derecho a un abogado, alrededor del 74 % de los inquilinos que enfrentaban un desalojo contaban con la representación de un abogado, y el 84 % de los representados en el tribunal de vivienda gracias a la iniciativa municipal pudieron permanecer en sus viviendas, según la moción de los concejales.
San Francisco promulgó el derecho a un abogado en 2018, lo que resultó en una disminución del 10% en las solicitudes de desalojo en tan solo un año.
La política de derecho a un abogado, costaría $34.6 millones anuales, según un informe de 2019 de Stout Risius Ross, y ayudaría a la ciudad a evitar costos de aproximadamente $120.3 millones.
Los miembros del consejo señalaron que por cada dólar invertido en asesoría legal gratuita, la ciudad podría recibir aproximadamente $3.48 millones en costos evitados o ingresos generados; ahorros que se obtienen en ciudades con el derecho a un abogado establecido.
La propuesta ha recibido críticas de algunos propietarios, incluida la Asociación de Apartamentos del área metropolitana de Los Ángeles.
Jesús Rojas, coordinador de asuntos gubernamentales de la asociación, instó previamente a los funcionarios electos de Los Ángeles a rechazar la ordenanza propuesta.
También advirtió que la ciudad estaría utilizando el “impuesto ULA de bajo rendimiento” y otros recursos escasos para financiarla.
“En lugar de implementar un programa que financiará a abogados privados para retrasar un proceso de desalojo ya largo, sería mucho mejor utilizar estos fondos como asistencia directa para el alquiler de inquilinos de bajos ingresos y evitar así los desalojos por completo”, declaró Rojas.
Señaló que el 96 % de los desalojos se deben al impago del alquiler. El alquiler promedio adeudado es inferior a 4000 dólares, lo que sería mucho menos que pagar las horas de un abogado a 250 dólares por hora, añadió Rojas.
En noviembre de 2022, los votantes de Los Ángeles aprobaron la Medida ULA, también conocida como el “impuesto a las mansiones”, que impuso un impuesto del 4 % a todas las propiedades que se vendan por más de 5 millones de dólares y un cargo del 5,5 % a las ventas superiores a 10 millones de dólares.
Entró en vigor el 1 de abril de 2023 y generó ingresos por un total de 340 millones de dólares, según el Departamento de Vivienda de Los Ángeles. Mientras tanto, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó una política similar en 2024, que amplió su Programa Stay Housed LA para brindar representación legal gratuita a los inquilinos en las áreas no incorporadas del condado.
El incumplimiento de los requisitos de notificación puede resultar en sanciones civiles de hasta $800 por infracción, sanciones penales de hasta $800 y/o prisión en la cárcel del condado por hasta seis meses. Cada día de infracción continua constituye una infracción independiente y distinta, según el Departamento de Asuntos del Consumidor y de Negocios.
Las autoridades del condado lanzaron formalmente el programa en marzo, tras un retraso debido a los incendios forestales de enero.
Puede encontrar más información sobre Stay Housed LA en https://www.stayhousedla.org/
