En solo algunas semanas, podría entrar en vigencia una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump que ordena el registro de las personas que ingresaron al país sin notificarlo.
Debido a esto, varias organizaciones pro inmigrantes se reunieron esta mañana para señalar cómo esto podría afectar a personas que no cuentan con status legal en el país.
La orden ejecutiva firmada el 20 de enero por el presidente Trump ordenó al Departamento de Seguridad Nacional a asegurarse de que los extranjeros se registren con el gobierno en cumplimiento con la Sección 262 de la ley de inmigración y nacionalidad.
“Yo, en mi punto de vista, no lo haría por muchos motivos porque estamos espantados, estamos asustados”, dijo Alejandro Martínez, residente de Van Nuys.
“Nosotros pensamos que esta registración es un proceso muy muy peligroso”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA
Organizaciones, como CHIRLA, buscan el apoyo de legisladores.
“[Tenemos que] asegurar que este tipo de proceso nunca más se use para nuestra comunidad inmigrante en este país”, dijo Salas.
La ley requiere que extranjeros mayores de 14 años que no fueron registrados ni se les tomaron huellas dactilares cuando solicitaron una Visa para entrar a Estados Unidos y que permanecen en el país por 30 días o más se registren y se tomen huellas para recibir un comprobante del Departamento de Seguridad Nacional que la persona debe llevar en todo momento.
“Este es una herramienta para poner terror en las comunidades inmigrantes en lugar de tratar de arreglar este sistema de inmigración que está roto”, dijo Theo Oshiro, director ejecutivo de “Make the Road States”.
El Departamento de Inmigración y Ciudadanía dice que muchos extranjeros en el país ya se han registrado, según lo requiere la ley. Sin embargo, aún un número significativo no ha tenido una manera directa para registrarse y cumplir con su obligación.
“A pesar de que ya tenemos tantos años en este país y muchos de nosotros colaboramos pagando nuestros impuestos portándonos lo mejor, aún no se me hace justa estrategia que fueran a su hogar registrándose uno mismo por sí mismo”, dijo Martínez.
El registro por parte del gobierno comienza el 11 de abril.
“Si las personas no se registran, van a enfrentar 5,000 dólares de multa y hasta seis meses de cárcel. Nosotros sentimos que esto es una gran injusticia y sentimos que lo único que está haciendo es criminalizando a nuestras familias”, señaló Salas.
Cabe de aclarar que el gobierno federal indica que este registro no otorga un estatus de inmigración y no establece autorización de empleo ni proporciona otro derecho o beneficio.
