La Fiscalía de Distrito del Condado de Los Ángeles ha retirado su candidatura a la pena de muerte contra una mujer de Lancaster y su novio, acusados de asesinato y tortura en relación con la muerte de su hijo de 10 años, dijo el jueves un fiscal a un juez.
CALIFORNIA - La Fiscalía de Distrito del Condado de Los Ángeles retiró la petición para condenar a pena de muerte contra una madre de Lancaster y su novio, acusados de torturar y asesinar a Anthony Ávalos, el pequeño de 10 años que murió en una brutal golpiza en 2018.
Ese 21 de junio del 2018, Anthony llegó al hospital con una hemorragia severa en el cráneo. Su cuerpo mostraba signos de abuso prolongado. Su piel estaba magullada y quemada de la cabeza a los pies.
A pesar de la brutalidad y la sevicia con la que fue torturado y asesinado, la fiscalía no buscará la pena de muerte contra la madre del menor, Heather Maxine Barron, y su novio Kareem Ernesto Leiva.
Barron, de 31 años, y Leiva, de 35, ahora podrían enfrentarse a un máximo de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, si son declarados culpables de asesinato y tortura, junto con la acusación de asesinato por circunstancias especiales que implica la imposición de tortura a Anthony Avalos.
ESCALOFRIANTES DETALLES DE SU ASESINATO
Anthony fue severamente torturado durante los últimos cinco o seis días de su vida por Barron y Leiva, quienes “ lo abusaron, golpearon, agredieron y torturaron”, según documentos judiciales.
El presunto abuso incluyó azotar al niño con un cinturón y una cuerda enrollada, verter salsa picante en su cara y boca, sujetarlo por los pies y dejarlo caer de cabeza repetidamente, de acuerdo con la fiscalía.
Los oficiales y paramédicos respondieron a una llamada al 911 el 20 de junio de Barron, quien reportó que había encontrado a su hijo inconsciente dentro del apartamento de su familia. La mujer dijo que el niño había sufrido heridas por una caída, pero los investigadores rápidamente clasificaron la muerte como “sospechosa”.
El niño murió temprano a la mañana siguiente de haber sido hospitalizado.
POLÉMICA DECISIÓN DEL JUEZ
El fiscal de distrito adjunto Jonathan Hatami, que ha criticado al nuevo fiscal de distrito George Gascon por una serie de directivas, incluida una que advierte que “una sentencia de muerte nunca es una resolución adecuada en ningún caso”, se opuso a esta polémica decisión.
Este el segundo caso de alto perfil en el que los fiscales asignados se han opuesto públicamente a que se retire la pena de muerte como posible castigo. El fiscal de distrito adjunto Garrett Dameron dijo que él y su colega fiscal Geoff Lewin habían recibido la “orden de eliminar la pena de muerte como consideración de castigo” en el caso de Michael Christopher Mejía, que está a la espera de juicio por los cargos derivados de los asesinatos del agente de policía de Whittier en 2017, el propio primo de Keith Boyer y Mejia.
Junto con el cargo de asesinato, Barron y Leiva enfrentan dos cargos de abuso infantil que involucran a otros dos niños en el hogar. Leiva también enfrenta una acusación de que personalmente infligió grandes lesiones corporales a uno de los jóvenes en circunstancias relacionadas con la violencia doméstica.
YA SE HABÍAN REPORTADO DENUNCIAS DE MALTRATO
El padre del niño, la tía, el tío y seis de los medio hermanos del menor presentaron una demanda el verano pasado contra el condado, alegando que varios trabajadores sociales no respondieron adecuadamente a los informes de abuso de Anthony y sus hermanos.
La demanda cita otras muertes de alto perfil de niños que también estaban siendo monitoreados por el Departamento de Niños y Familias, entre ellos Gabriel Fernández, de 8 años, y Noah Cuatro, de 4 años, para alegar “fallas sistémicas” en la agencia.
El Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles emitió un comunicado negándose a comentar sobre los detalles de la demanda, pero en general defendiendo el trabajo de la agencia.
“El Departamento de Servicios para Niños y Familias sirve a más de 34,000 familias y niños vulnerables en el condado de Los Ángeles con un compromiso inquebrantable de buscar la seguridad infantil todos los días en nuestras comunidades”, según la agencia.
EL Departamento agregó que sus 9,000 empleados "no se toman este compromiso a la ligera y buscan hacer todo lo posible para proteger a los niños".
“Todos los empleados de DCFS cumplen con los más altos estándares para garantizar que se respete y mantenga la confianza del público en nuestro servicio”, según la declaración de DCFS.
