La transcripción del gran jurado se dio a conocer el lunes en el caso de una mujer de Lancaster y su novio, acusados de torturar y causar la muerte de su hijo de 10 años.
Heather Maxine Barron, de 29 años, y Kareem Ernesto Leiva, de 32, se han declarado no culpable de los cargos de asesinato a Anthony Ávalos y la tortura que recibió días previos a su muerte, el 21 de junio.
La jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, Kathleen Kennedy, escuchó los argumentos que se darían a conocer a los abogados del diario de Los Angeles Times y miembros de la familia de la víctima antes de ordenar que la transcripción se pusiera a disposición del público.
Sin embargo algunas pruebas de las que, tanto el fiscal como el abogado defensor dicen estar de acuerdo que podrían ser perjudiciales, permanecerán selladas en espera de una audiencia fijada para el 11 de enero.
El abogado de Leiva, Dan Chambers, se opuso a la revelación de la transcripción, diciendo que podría perjudicar la oportunidad de su cliente de un juicio justo, mientras que el abogado de la familia Ávalos, Brian Claypool, dijo que los parientes del niño habían esperado hasta siete meses para acceder al informe de la autopsia y otra información y merecían saber lo que pasó.
Kennedy, quien supervisó el juicio del asesino en serie conocido como el “Grim Sleeper”, acordó que la publicación de la transcripción fue por interés público y no haría imposible encontrar una docena de jurados imparciales en un área metropolitana de más de 10 millones de habitantes.
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El juez señaló que había varios miembros del jurado en el caso del “Grim Sleeper” que no tenía conocimiento de ello, a pesar del intenso enfoque mediático en los asesinatos de nueve mujeres y una adolescente en el transcurso de más de dos décadas. Lonnie Franklin Jr. que fue condenado a muerte en el caso.
“Esto es un asunto en el que hay un alto interés público'', dijo Kennedy sobre el caso Ávalos, señalando que ha conducido al escrutinio de los Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Ángeles. “La prensa es los ojos del público y el público tiene derecho a saber ''.
Cientos de exhibiciones, incluyendo registros médicos, fotos de la escena del crimen y otro material, también se dieron a conocer con la transcripción, pero las fotos y los videos que muestran las lesiones de la víctima permanecerán fuera de los límites públicos hasta la audiencia en enero.
“Todas las exhibiciones deben estar abiertas'', argumentó el abogado Jean-Paul Jassy, que apareció por parte de The Times.
Kennedy, a quien se le asignó el caso hoy y dijo que todavía no había revisado las pruebas dijo que a lo mejor algunas fotos nunca las iba ver el jurado, dependiendo del contenido.
Tras el fallo de Kennedy, el fiscal de distrito adjunto Jon Hatami destacó una nueva acusación de abuso sexual relevante para el caso y le dijo a la juez que su oficina tal vez quiera quitarla durante el juicio. Le entregó un informe de dos páginas a Chambers, cuyo cliente lo miró y luego negó con la cabeza.
Hatami se negó a comentar más sobre la acusación cuando fue cuestionado por reporteros, incluso para confirmar que Leiva fue el presunto y único perpetrador.
Después de la audiencia, Claypool estaba con la tía y el tío de la víctima y tres niñas de la familia que llevaban camisetas impresas con el mensaje #justice4anthony.
“Sabemos que Anthony Avalos está en el cielo con una pequeña sonrisa en su rostro hoy ", dijo Claypool. "Este caso es más grande que Anthony Ávalos. Necesitamos tener más transparencia para asegurar de que esto nunca le vuelva a suceder otro niño”.
Los fiscales alegan que la pareja maltrató, golpeó, agredió y torturó al niño, con más de una docena de denuncias de abuso que se remontan a 2013. Los documentos de la corte detallaron el abuso que incluía golpes con un cinturón y un cordón enrollado, ponerle salsa picante sobre su cara y sostenerlo por los pies y dejarlo caer sobre su cabeza repetidamente.
Los trabajadores de bienestar infantil visitaron el hogar y los niños fueron entrevistados frecuentemente y revisados en busca de signos de abuso físico, de acuerdo a un reporte del condado.
Los informes de abuso físico se consideraron infundados o no concluyentes, aunque los trabajadores sociales encontraron algunos casos de abandono general.
Barrón, quien dio a luz a tres niños más entre 2014 a 2017, completó voluntariamente un programa de violencia doméstica y paternidad, pero el DCFS ya no estaba monitoreando a la familia en el momento del asesinato de Anthony.
Los cargos contra Barrón y Leiva incluyen una circunstancia especial, alegato de asesinato que involucra la imposición de torturas. Hatami dijo que una decisión para buscar la pena de muerte podría resolverse en marzo.