La familia de un hombre ultimado a tiros aparentemente por oficiales del Departamento del Alguacil de San Bernardino entablarán una demanda contra el departamento y dos agencias policiacas más involucradas en el incidente.
La familia de un hombre que murió abatido por agentes policiales en San Bernardino entablará una demanda contra el departamento del alguacil de ese condado y dos agencias policiacas más, involucradas en el incidente.
El hecho ocurrió el 5 de febrero de este año, poco después de las 10 a.m.,mientras Tony Garza, de 44 años, se encontraba quemando artículos personales en su propiedad. Cuando los oficiales del alguacil llegaron a su residencia, huyó en su camioneta.
Tras una persecución que se extendió por unas 30 millas, los oficiales rodearon a Garza y le dispararon, según un video captado por un testigo.
“Tengo mi corazón destrozado y un pedazo de mi corazón ya no lo tengo aquí”, dijo su madre, Matilde Garza, durante la conferencia de prensa en la que se anunció la posible demanda.
El abogado de la familia, Brian Olney dijo que los oficiales de San Bernardino sabían que Garza padecía de problemas mentales.
“Ellos ya sabían que él estaba enfermo y ellos, en vez de ayudarlo, lo persiguieron y lo mataron”, dijo Victoria Velasquez, hermana de Tony Garza.
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Una autopsia independiente, ordenada por los abogados, aparentemente encontró un total 12 impactos de bala.
“Esto no fue un acto legítimo de la ley, fue una ejecución”, dijo Olney.
Dos heridas fueron en la espalda, cuando Garza supuestamente huía, y cuando menos dos más cuando aparentemente ya estaba tendido en el suelo.
“Era el único hermano que teníamos”, dijo Velasquez. “Lo extrañamos mucho. Estamos destrozados”.
Bajo una ley estatal, es necesario presentar una reclamo ante la corte antes de proceder a entablar una demanda.
La demanda que entablara la familia menciona, no solo al Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles, sino también al del condado de Riverside y a la Patrulla de Caminos de California (CHP).
Busca no solo una compensación de $20 millones sino cambios en la forma en que las autoridades intervienen en casos de individuos que sufren de problemas mentales. Desean que otras familias no atraviesen por la misma experiencia.
Los abogados alegan que las agencias policiales no han proporcionado el video que pudo haber sido captado por sus cámaras. Piden al Fiscal General de California y los fiscales de los condados de San Bernardino y Riverside que investiguen los hechos para que se enjuicie a los responsables.
“Yo quiero que los que mataron a mi hermano paguen las consecuencias es lo que quiero”, dijo Velasquez.
