El consejo municipal de Santa Ana aprobó el mandato del control de rentas y protección contra desalojos para inquilinos durante una reunión que duró más de 10 horas el jueves, pero varios dueños de apartamentos no están de acuerdo con la decisión.
Fueron horas de debate para llegar a una resolución: que la renta no aumentará en la ciudad de Santa Ana desproporcionadamente, y que los inquilinos no podrán ser desalojados sin una justificación aprobada.
Tras una sesión que duró varias horas, el consejo de la ciudad aprobó con 4 votos a favor y 3 en contra la propuesta de ley que podría beneficiar a varias familias, con el control de renta y protección en contra los desalojos.
“Queremos que nuestros residentes estén protegidos, y sobre todo que puedan pagar sus rentas sin ningún contratiempo después de que muchas familias fueron impactadas por la pandemia”, dijo Vicente Sarmiento, alcalde de Santa Ana.
Se trata de que el precio del alquiler no aumente más de un 3% anual o que rebase el 80% de la inflación, de igual manera los inquilinos no podrán ser desalojados sin una razón justificada.
Idania Ríos de la organización Inquilinos Unidos de Santa Ana piensa que se ha dado un gran paso para proteger el derecho de los inquilinos.
“El 30 de septiembre se terminan las protecciones, pero este mandato nos va a ayudar a evitar una ola de desalojos”, añadió Ríos.
Cabe señalar, que en la ciudad, más del 50% de las familias alquilan vivienda, por lo que las reacciones de los residentes fueron positivas a la propuesta de ley.
“Sería buena idea, ya que solo mi esposo está trabajando y así no nos atrasaríamos con la renta”, dijo Teodora Méndez, residente de Santa Ana.
El alcalde de la ciudad aseguró que se trata de que las familias encuentren una estabilidad económica y seguridad en sus hogares.
“Sabemos qué hay muchas personas que quedaron desempleadas por causa de la pandemia, y otras apenas se están recuperando, y son esas personas las que saldrían beneficiados”, señaló Sarmiento.
De ser aprobada la propuesta sería aplicada a los edificios de apartamentos construidos antes de 1995, y para los parques de casas móviles creados antes de 1990.
El próximo 5 de octubre habrá una segunda votación, y de ser aprobada, la propuesta entraría en vigor lo antes posible.
