Los cuatro empleados habían sido acusados de no proteger al menor de las torturas sufridas a manos de su madre y el novio de ésta.
Lo que debes saber
- La madre del niño, Pearl Sinthia Fernández, fue sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional después de declararse culpable de asesinato en primer grado y admitir la acusación de tortura.
- Isauro Aguirre, el novio de la madre del niño, fue sentenciado a muerte en junio de 2018.
- Una autopsia mostró que el niño tenía un cráneo fracturado, varias costillas rotas y quemaduras en gran parte de su cuerpo.
Un juez desestimó este jueves los cargos contra cuatro trabajadores sociales que fueron acusados de no proteger Gabriel Fernández, un niño de 8 añosdel Valle del Antílope cuya madre y su novio fueron condenados por su muerte por tortura en mayo de 2013.
El fiscal de distrito Jackie Lacey anunció en febrero que "la ley estatal no está de nuestro lado" en el caso de Stefanie Rodríguez y Patricia Clement y sus supervisores, Kevin Bom y Gregory Merritt, después de que un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 2do Distrito de California dictaminó que el juez de la Corte Superior de Los Ángeles, George G. Lomeli, debería haber otorgado la moción de la defensa para desestimar el caso.
Los cuatro fueron acusados en marzo de 2016 de un delito grave de abuso infantil y falsificación de registros públicos en relación con la muerte de Gabriel Fernández.
"Mi oficina persiguió vigorosamente a quienes causaron directamente la muerte de Gabriel y a quienes no intervinieron para protegerlo", dijo el máximo fiscal del condado en una declaración escrita publicada en febrero. "Mientras prevalecimos contra quienes infligieron las heridas, el tribunal de apelaciones rechazó nuestra teoría de responsabilidad penal contra los trabajadores sociales, quienes mi oficina creía que tenían el deber de proteger a Gabriel ''.
El panel de la corte de apelaciones se negó el 23 de enero a reconsiderar su decisión, y la Oficina del Fiscal de Distrito posteriormente decidió no pedirle a la Corte Suprema de California que revisara el caso.
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Isauro Aguirre, el novio de la madre del niño, fue sentenciado a muerte en junio de 2018. Fue declarado culpable de asesinato en primer grado, y los jurados consideraron cierta la acusación de circunstancias especiales de asesinato que implicaba infligir tortura.
La madre del niño, Pearl Sinthia Fernández, fue sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional después de declararse culable por asesinato en primer grado y admitir la acusación de tortura.
Una autopsia mostró que el niño tenía un cráneo fracturado, varias costillas rotas y quemaduras en gran parte de su cuerpo. Su maestra testificó que llamó a Rodríguez varias veces para informar que Gabriel le dijo que su madre lo golpeó y le disparó en la cara con una pistola BB.
En su fallo del 6 de enero, el panel de la corte de apelaciones encontró que Rodríguez, Clemente, Bom y Merritt "nunca tuvieron el deber requerido de controlar a los abusadores y no tuvieron cuidado o custodia de Gabriel" en cuanto al cargo de abuso infantil en contra de ellos y que no eran "oficiales" en el sentido que implica la sección del Código de Gobierno en cuanto a la falsificación de registros públicos.
La juez asociada Victoria Gerrard Chaney coincidió en que los cuatro no podían ser acusados de abuso infantil, pero escribió una opinión disidente argumentando que podrían ser procesados como funcionarios públicos en virtud de la sección del código gubernamental correspondiente.
"Permitir que un trabajador social evada la responsabilidad por falsificar un documento público incentivaría a los trabajadores sociales a poner sus propios intereses en evitar la responsabilidad por sus fechorías por encima del propósito del esquema legal de bienestar infantil del estado, que es la seguridad infantil", escribió Chaney.
"Las acciones de los peticionarios aquí impidieron que el sistema funcionara de la manera que hubiera podido si hubieran hecho su trabajo honestamente, y no ofrece ningún incentivo para que DCFS o los trabajadores sociales individuales trabajen para reformar y reparar las partes del sistema que pueden fallar a los niños quienes están destinados a proteger'', agregó. "En efecto, alentamos a DCFS y sus trabajadores sociales a que cubran sus huellas si tropiezan con las grietas del sistema".
Los abogados defensores, quienes argumentaron que el abuso y la tortura aumentaron meses después de que se cerró un archivo sobre el niño y que no había pruebas suficientes para alejarlo de su madre, llevaron su caso al tribunal de apelaciones después de que Lomeli llamara la muerte del pequeño "previsible" y negara una moción para desestimar los cargos contra los cuatro.
