LOS ANGELES -- El hombre acusado de disparar contra un negocio del Sur de California, matando a cuatro personas, no debería haber podido comprar o poseer armas debido a una ley estatal que prohíbe a las personas comprar armas durante 10 años después de ser condenados por un delito.
Aminadab Gaxiola González fue condenado por agresión en 2015, lo que debería haberle impedido poseer o comprar armas o municiones en las tiendas que realizan verificaciones de antecedentes. Sin embargo, no está claro cómo el tirador, de 44 años, adquirió las armas utilizadas en el tiroteo del 31 de marzo. La tragedia genera preocupaciones sobre la capacidad de California para hacer cumplir las estrictas leyes de control de armas, reportó este viernes el medio Sacramento Bee.
La policía dice que el sospechoso se enfocó en Unified Homes, una empresa de corretaje de casas móviles en Orange, y que tenía relaciones personales y comerciales con las víctimas. Su esposa, de quien estaba separada, había trabajado en el negocio durante más de 10 años como asistente de corredor.
El tiroteo ocurrió casi seis años después de que Gaxiola se declarara culpable de un delito menor de agresión, lo que debería haberlo incluido en la lista que le prohíbe poseer armas de fuego durante los próximos 10 años. La lista se utiliza durante el proceso de verificación de antecedentes de armas y municiones del estado.
Dos semanas después del tiroteo masivo, la policía se enteró de que el presunto pistolero no estaba incluido en la "Lista de personas prohibidas", aunque es posible que aún no le permitieran comprar un arma durante una verificación de antecedentes estándar, dijo la teniente de policía de Orange, Jennifer Amat.
Los detectives todavía estaban trabajando para rastrear la pistola semiautomática Glock y las municiones, informó Amat.
Es raro que una verificación de antecedentes pase por alto a una persona prohibida, o que un comerciante decida seguir vendiendo a un cliente prohibido, dijo Steve Lindley, exjefe de la Oficina de Armas de Fuego del Departamento de Justicia de California que ahora trabaja como gerente de programas en la Campaña Brady Para Prevenir la Violencia Armada.
Incluso con todos los remedios provisionales en un "muy, muy buen sistema" la gente sigue adquiriendo armas ilegalmente, dijo Lindley.
“Desafortunadamente, donde hay leyes estrictas sobre armas, siempre habrá un mercado para las armas de fuego ilegales”, continuó. "Porque la gente quiere conseguirlos de una forma u otra".
California en 2016 se convirtió en el primer y único estado de la nación en establecer el Sistema de Personas Armadas y Prohibidas para rastrear a los propietarios de armas de fuego que se encuentran en una categoría prohibida en función de sus antecedentes penales o el riesgo que corren ellos mismos o para los demás.
El sistema está destinado a prevenir la violencia con armas de fuego al impedir que aquellos que se consideran demasiado riesgosos para poseer un arma de fuego posean un arma o la compren. Al extraer registros de varias bases de datos, se supone que el sistema alerta a las autoridades cuando alguien que una vez compró legalmente un arma de fuego cae en la lista de personas prohibidas.
Los agentes del Departamento de Justicia, que administra el sistema de verificación de antecedentes del estado, rastrearán a una persona prohibida para confiscar sus armas y municiones. La agencia dice que carece del personal para eliminar los casos atrasados, un problema que los funcionarios señalaron se hizo más pronunciado debido a la escasez de personal causada por la pandemia.
Sin saber más sobre cómo el tirador obtuvo su pistola y municiones, hay "piezas faltantes en la historia que son fundamentales" para comprender si las obtuvo debido a una falla institucional, dijo el Dr. Garen Wintemute, médico de medicina de emergencia en la UC Davis Medical Center, donde es el director del Programa de Investigación para la Prevención de la Violencia.
El tirador fue acusado de cuatro cargos de asesinato y tres cargos de intento de asesinato por disparar contra dos agentes que le dispararon y lo hirieron cuando les disparó con su pistola, y por herir gravemente a una mujer, madre de un niño de 9 años que murió en sus brazos.
La lectura de cargos del agresor se ha pospuesto repetidamente porque el acusado permanece hospitalizado y no puede comunicarse con sus abogados designados por el tribunal.
