El Departamento de Justicia formará un grupo de trabajo para investigar si ha habido fraude, despilfarro, abuso y corrupción relacionados con el uso de fondos para combatir la indigencia en el sur de California, anunció la agencia el martes.
El Grupo de Trabajo contra el Fraude y la Corrupción en Personas sin Hogar estará integrado por fiscales federales de la Sección de Fraudes Mayores, la Sección de Corrupción Pública y Derechos Civiles, y la Sección de Fraude Civil de la División Civil de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Central de California, informó el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.
El grupo de trabajo investigará el uso de fondos dentro de la jurisdicción del Distrito Central de California, que incluye los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Bárbara y Ventura.
"California ha gastado más de $24,000 millones en los últimos cinco años para abordar el problema de las personas sin hogar", declaró el fiscal federal Bill Essayli.
"Sin embargo, las autoridades no han podido rendir cuentas de todos los gastos ni de los resultados, y la crisis de las personas sin hogar solo ha empeorado. Los contribuyentes merecen respuestas sobre dónde y cómo se ha gastado el dinero que tanto les ha costado ganar. Si los funcionarios estatales y locales no pueden proporcionar la supervisión y rendición de cuentas adecuadas, lo haremos por ellos. Si descubrimos que se ha violado alguna ley federal, procederemos a arrestos", agregó.
Essayli juró su cargo el 2 de abril como fiscal federal para el Distrito Central de California tras su nombramiento por la fiscal general Pam Bondi. Anteriormente, fue miembro electo dos veces de la Asamblea estatal.
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La investigación analizará cómo se ha utilizado el dinero de las iniciativas electorales aprobadas por los votantes que financiaron programas y servicios para personas sin hogar.
"A pesar de las iniciativas aprobadas por los votantes y los miles de millones de dólares invertidos para abordar este problema, la falta de vivienda sigue siendo una crisis, especialmente en el condado de Los Ángeles", declaró el Departamento de Justicia en su comunicado.
"El mes pasado, una auditoría ordenada por un tribunal determinó que los servicios para personas sin hogar prestados por la ciudad y el condado de Los Ángeles eran 'desarticulados', presentaban 'mala calidad e integración de datos' y carecían de controles financieros para supervisar el cumplimiento y el rendimiento de los contratos", agregó.
La semana pasada, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles votó a favor de retirarse de la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA). La ciudad y el condado han estado enviando ingresos fiscales a la agencia para administrar los esfuerzos para erradicar la falta de vivienda.
La decisión del condado se produjo después de que las auditorías indicaran una falta de transparencia en la contabilidad financiera de los servicios prestados. La junta del condado votó a favor de establecer su propio departamento de servicios para personas sin hogar, una decisión que se encontró con la oposición de los funcionarios de la ciudad de Los Ángeles.
La votación del condado se produjo el mismo día en que el impuesto sobre las ventas a nivel condado aumentó en un cuarto de centavo para proporcionar fondos adicionales a los programas contra la falta de vivienda.
El aumento fue aprobado por los votantes en noviembre con la aprobación de la Medida A, un impuesto sobre las ventas de medio centavo para programas para personas sin hogar que estará vigente a perpetuidad. Este impuesto reemplazó un impuesto sobre las ventas de un cuarto de centavo, aprobado por los votantes, que expiraba en 2027.
NBCLA y TELEMUNDO 52 se han puesto en contacto con las autoridades estatales y locales para obtener comentarios.
