Un hombre de Sylmar de 23 años fue arrestado el martes por supuestamente usar Instagram para publicitar fotografías sexualmente explícitas de jóvenes locales que ofreció vender a través de Internet, y por presuntas amenazas e intentos de extorsión.
Alejandro García Aranda está acusado en un tribunal federal de un cargo de publicidad de pornografía infantil, distribución de pornografía infantil y transmisión de comunicaciones amenazantes con la intención de extorsionar, según la Fiscalía Federal.
La lectura de cargos contra Aranda se llevó a cabo el martes por la tarde en el centro de Los Ángeles, en donde Aranda se declaró no culpable. Según la acusación, en abril y mayo de 2020, Aranda utilizó el identificador de Instagram “valleyhoezzz818” con el objetivo autoproclamado de apuntar a niñas locales que asistían a escuelas en el Valle de San Fernando.
Usando Cash App, PayPal, Venmo y Zelle, Aranda supuestamente recibió pagos de clientes que querían obtener contenido sexualmente explícito de las víctimas que había anunciado y ofrecido vender en la cuenta de Instagram.
Después de recibir y confirmar el pago, utilizando la cuenta de Instagram, Aranda supuestamente envió un mensaje directo a los clientes y proporcionó un enlace a un archivo zip que contenía fotografías sexualmente explícitas de sus víctimas, dijeron los fiscales federales.
Cuando las víctimas descubrieron que Aranda estaba publicitando y difundiendo materiales sexualmente explícitos que los representaban y solicitaron que los detuviera y los eliminara, Aranda intentó extraerles material sexualmente explícito adicional, incluso amenazando con publicar más fotografías, alega la acusación.
Local
El juez determinó que el acusado debe permanecer detenido sin derecho a fianza. No se supo de inmediato si Aranda había contratado un abogado defensor. El juicio comenzará a finales de agosto.
Si es declarado culpable de todos los cargos, Aranda enfrentaría entre 15 y 30 años de prisión federal por el cargo de publicidad de pornografía infantil, entre cinco y 20 años por el cargo de distribución de pornografía infantil y hasta dos años de prisión federal por el cargo de amenazas, dijeron los fiscales.