El jurado llegó a un veredicto de culpabilidad el jueves en el juicio por corrupción del suspendido concejal de la ciudad de Los Ángeles, Mark Ridley-Thomas.
Ridley-Thomas fue declarado culpable por cargos federales de soborno y conspiración, junto con fraude postal y electrónico, derivados de su tiempo en la Junta de Supervisores del condado.
La sentencia está programada para el 15 de agosto del 2023.
Ridley-Thomas, de 68 años, del sur de Los Ángeles, enfrenta cargos federales de conspiración y soborno, y múltiples cargos de fraude postal y electrónico de servicios honestos. Si es declarado culpable de los cargos, se enfrenta a años tras las rejas. No testificó en su propia defensa.
Los fiscales alegaron que el político local de mucho tiempo, mientras se desempeñaba como supervisor del condado, “estiró la mano” y aceptó beneficios de la USC para beneficiar a su hijo, Sebastián, la defensa atacó igualmente fuerte, sugiriendo al jurado que había suficiente duda razonable para absolver.
Ridley-Thomas, ex director ejecutivo de SCLC, fue suspendido del consejo en octubre pasado, luego de su acusación federal por cargos de corrupción.
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Ridley-Thomas y Marilyn Flynn, ex decana de la Escuela de Trabajo Social de la USC, estaban acusados de 20 cargos que alegan un trato secreto mediante el cual Ridley-Thomas, cuando era un miembro de la Junta de Supervisores del condado, acordó dirigir el dinero del condado a la universidad a cambio de admitir a su hijo Sebastian Ridley-Thomas en la escuela de posgrado con una beca de matrícula completa y una cátedra paga.
Flynn supuestamente hizo arreglos para canalizar una donación de $100,000 de los fondos de la campaña de Ridley-Thomas a través de la universidad a una organización sin fines de lucro que sería operada por su hijo, un exmiembro de la Asamblea. La donación provocó una investigación por parte de la Oficina del Fiscal Federal en Los Ángeles que permanece abierta, dijeron los fiscales.
A cambio, sostiene la acusación formal, Ridley-Thomas apoyó los contratos del condado que involucraban a la Escuela de Trabajo Social, incluidos acuerdos lucrativos para brindar servicios al Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado y al Departamento de Libertad Condicional, así como una enmienda a un contrato con el Departamento de Salud Mental que traería a la escuela millones de dólares en nuevos ingresos.
Ambos acusados habian negado rotundamente haber actuado mal y prometieron que la evidencia limpiaría sus nombres.
Flynn, de 83 años, se declaró culpable en septiembre pasado de los cargos que se le acusaban.
