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Aviva la esperanza: preparan rescate de 63 cuerpos de mineros sepultados en 2006

Hace 14 años, de la explosión en la mina Pasta de Conchos solo se recuperaron dos cuerpos.

EFE Familiares y trabajadores de la mina Pasta de Conchos en Coahuila, se manifiestan en Ciudad de México

MÉXICO - Los familiares de los 63 mineros sepultados en la mina Pasta de Conchos el 19 de febrero de 2006 renovaron este miércoles, cuando se cumplen 14 años de la tragedia, la esperanza de recuperar sus cuerpos tras depositar su confianza en el compromiso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"A este memorial venimos con un esperanza muy puesta en este gobierno ya que los anteriores siempre hubo una negativa a la principal exigencia de las familias que era el recuperar a nuestros familiares", contó este miércoles en entrevista, Elvira Martínez, viuda del minero Jorge Bladimir Muñoz.

Hace un año, el gobierno mexicano ofreció analizar el rescate y tras estudios de expertos nacionales e internacionales este miércoles anunció que en octubre iniciará la recuperación de los cuerpos de la mina ubicada en el norteño estado de Coahuila, esto tras construir una nueva vía de entrada.

Además, la minera Grupo México informó el martes que, en respuesta a una solicitud de López Obrador, entregará el título de concesión de El Olivo, donde se localiza la mina.

"Vemos que van sucediendo cosas que nos indican que se van a iniciar los trabajos para la recuperación", añadió Martínez y dijo que deberán "tener paciencia" para aguardar unos meses. "Si ya hemos esperado 14 años, que no esperemos unos meses más".

Este miércoles, la secretaria del Trabajo y Previsión Social de México, Luisa María Alcalde, informó en conferencia que el rescate es "técnicamente viable" luego de que grupos de expertos analizaron en los últimos meses las condiciones de la mina.

Alcalde expuso que el Servicio Geológico Mexicano entregará en marzo un informe sobre el análisis del terreno El Olivo, donde se encuentra la mina, aunque de acuerdo con reportes preliminares, en su interior "no existen niveles de agua y gas tan altos como se había establecido anteriormente, por lo que esto no será obstáculo en las labores de rescate".

Este miércoles, al cumplirse 14 años de la explosión de la mina de carbón en la que murieron 65 mineros -dos cuerpos fueron los únicos recuperados- las familias y sus representantes llevaron a cabo un memorial frente al antimonumento dedicado a los mineros que se ubica en la céntrica avenida Reforma de la capital.

PIDEN CANCELAR CONCESIÓN

Para el abogado de los familiares Manuel Fuentes Muñiz, la petición fundamental de sus representados, tras la tragedia, es que "se cancelara la concesión de la mina" a Grupo México.

Recordó que los gobiernos de los presidentes anteriores Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) se negaron a quitarle la concesión a Grupo México, y cuando esta poderosa minera suspendió el rescate, en noviembre 2007, se dijo que la empresa no podía llevar a cabo ninguna actividad comercial o explotación de la mina de carbón.

Pero en febrero de 2013 se llevó a cabo la división de esta concesión por parte del gobierno mexicano, encabezado por el presidente Peña Nieto.

Según los familiares, la empresa dividió en cuatro partes la mina y una sola parte, El Olivo, fue la que dejó de trabajar, mientras que a las otras tres, que forman parte del manto de carbón para extraer, les cambio de nombre para seguir trabajando.

Desde un inicio, la condicionante de los familiares era que no se podía extraer nada ni trabajar en la mina hasta encontrar los cuerpos pero la minera halló, mediante esa división, la forma para no quedarse sin operación por completo.

"Consideramos que esto es indebido (...) por ello consideramos que la secretaría de Economía debe revisar esta concesión y la debe cancelar porque no nos parece ni jurídica ni moralmente, ni congruente que la concesión (de todo Pasta de Conchos) la siga manteniendo minera Grupo México", dijo el abogado.

El letrado pidió que todo los costos originados por el rescate sean pagados por la empresa ya que actualmente el proceso lo cubre el gobierno mexicano "ya que Grupo México debe asumir una responsabilidad integral".

Además dijo que en el mecanismo de rescate lo debe llevar a cabo un grupo de expertos imparciales "ya que no confiamos en que el Grupo México pueda llevar acabo el rescate".

En el análisis participó un grupo técnico de 21 expertos, 14 de ellos provenientes de Alemania, China, Australia y Estados Unidos y 7 de ellos mexicanos.

MANIOBRA ILEGAL

Para Cristina Auerbach, representante de la organización Familia Pasta de Conchos, la entrega de la concesión por parte de Grupo México es una "burla".

"Únicamente quieren entregar el área donde están los mineros. Nosotros tenemos mapas y este era su plan desde 2007 fecha en que ya tenía dividida la concesión y cómo iba a extraer el carbón", apuntó en entrevista.

A pesar de ello, para Auerbach "el rescate va con o sin la voluntad de Grupo México. Existe una decisión política que coincide con la búsqueda de justicia de las familias desde hace 14 años", expuso.

El 19 de febrero de 2006, en una explosión murieron 65 trabajadores de la mina Pasta de Conchos. Dos cuerpos fueron recuperados, pero el resto quedaron sepultados al suspenderse las labores de rescate por los riesgos que suponían.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México aseguró en 2007 que en la muerte de los mineros había responsabilidad de autoridades del ministerio del Trabajo, de la empresa y del sindicato minero.

En 2008, la secretaría del Trabajo de México pidió a los familiares de las víctimas de la explosión abstenerse de intentar el rescate de los cuerpos debido a la inseguridad en esa explotación, después de que trascendiera que estaban dispuestos a hacerlo ellos mismos.

Los familiares de los fallecidos presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en febrero de 2010, argumentando que las autoridades mexicanas eran responsables de la ineficacia de las labores de rescate.

Mientras que en abril de 2018, la CIDH admitió el caso y anunció que evaluaría la responsabilidad de las autoridades mexicanas en la muerte de los 65 mineros.

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